Con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y de la Secretaría de Justicia de Italia, el gobierno capitalino pondrá en marcha el proyecto de actividades de pública utilidad, en el que personas privadas de su libertad podrán realizar actividades productivas remuneradas fuera de los penales.

De acuerdo con los lineamientos publicados en la Gaceta Oficial, con ello se busca garantizar su derecho a la reinserción social y disminuir los niveles de reincidencia, pues actualmente de cada diez personas que obtienen su libertad cuatro regresan a prisión, mientras que aquellas que participan en programas de capacitación y productivos en internamiento, sólo lo hace una de cada 20.

Este modelo de reinserción ha sido aplicado con éxito en países como Gran Bretaña e Italia, donde se ha desarrollado en distintas ciudades con la participación de más de tres mil personas privadas de su libertad.

Los interesados deberán reunir algunos requisitos, entre ellos el de no tener una condena mayor a los 24 meses, haber sido sentenciado por delitos menores, denotar riesgo institucional y social bajo, contar con apoyo familiar y aceptar las condiciones de seguridad que se impongan.

Durante sus salidas, los participantes deberán portar uniforme verde con el distintito del proyecto actividades de pública utilidad, así como llevar en el tobillo de la pierna derecha un dispositivo electrónico de seguridad, con la finalidad de monitorear su ubicación.

En un principio, las tareas que les serán encomendadas estarán relacionadas con jornadas de mejoramiento urbano, primero alrededor de los penales y después en todo el perímetro de las alcaldías, en las que realizarán labores de reforestación y alumbrado público, así como compartir sus experiencias en talleres dirigidos a estudiantes de secundaria y preparatoria.

La remuneración económica se realizará por cada hora laborada con base en el salario mínimo, tomando en cuenta cinco días a la semana, de lunes a viernes, con cuatro horas de actividad como mínimo, lo que equivale a 88 horas mensuales, con un pago de mil 129 pesos mensuales.

Con este proyecto, que iniciaría con internos del penal varonil de Santa Marta Acatitla, las autoridades buscan, además, disminuir los niveles de reincidencia, reducir los costos del sistema penintenciario, desarrollar modelos de vida socialmente aceptables, aumentar la seguridad ciudadana y reducir la sobrepoblación penitenciaria.