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Creará el gobierno línea telefónica para combatir la trata de personas
 
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de noviembre de 2019, p. 9

La titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, sostuvo que el Estado mexicano cumplirá con la creación de una línea telefónica nacional para combatir la trata de personas, y se pronunció por un trabajo coordinado entre todas las dependencias federales y locales que sirva de ejemplo a escala internacional.

Durante la quinta reunión nacional de comisiones, consejos y comités interinstitucionales en la materia, Sánchez Cordero señaló que en México hay corredores donde predomina este delito, pero no precisó las entidades.

En este contexto es donde existe diversidad de realidades regionales, que incluyen corredores en los que predomina la expresión de distintas modalidades de este fenómeno, señaló la funcionaria federal ante a los representantes de dichas comisiones, consejos y comités.

En la reunión privada, a la que también acudieron el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y la procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, entre otros, la ministra en retiro apuntó que es indispensable homologar criterios que garanticen los derechos de las víctimas de trata, a través de instrumentos para la protección integral, reintegración y mecanismos accesibles para reparación del daño.

Además de considerar como fundamental la creación de refugios y albergues, la titular de la SG indicó que la creación de una línea telefónica a escala nacional que permita la presentación de denuncias anónimas sería un gran paso para la erradicación del delito, y consideró dichas medidas como compromiso nacional e internacional.

Que la lucha sea un ejemplo coordinado del Estado mexicano y se dé una imagen internacional de una lucha coordinada, pidió Sánchez Cordero a los funcionarios federales, estatales y municipales.

Explicó que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de víctimas de trata de personas, delito al que calificó como una de las modalidades más lucrativas del crimen organizado, por lo que insistió en que el Estado tiene la obligación en su conjunto de tomar acciones necesarias para erradicarla.