Madrid. Barcelona vivió ayer su primera protesta sin incidentes violentos desde que el Tribunal Supremo español sentenció a largas penas de prisión a nueve dirigentes independentistas catalanes.

Las movilizaciones cumplieron su séptimo día con menos intensidad y afluencia, pero con las mismas reivindicaciones: amnistía para los presos políticos, respeto al derecho de autodeterminación y la celebración de un referendo de independencia.

Los servicios de salud siguen arrojando datos preocupantes sobre la escalada de violencia con un reporte de más de 600 heridos.

Desde las oficinas de la presidencia del gobierno español y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se repite el argumento: hasta que el mandatario catalán, Quim Torra, condene sin ambigüedades la violencia, no tienen previsto responder a sus llamadas telefónicas ni sentarse a negociar.

Torra, quien mezcla su activismo en favor de la independencia con sus actividades como máxima autoridad en la región, ha centrado sus intervenciones en advertir a las fuerzas policiales que actúen con mesura y proporción, además de hacer un llamado a la calma para que cese la violencia.

Sin embargo, Madrid lo ha considerado insuficiente y criticó que atribuyera los actos más graves de violencia y el incendio de barricadas por todas las ciudades a supuestos infiltrados, cuando el gobierno español asegura que los responsables forman parte del movimiento independentista en su vertiente más radical.