El juzgado quinto de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, que levantó una de las suspensiones que mantienen detenidas las obras del nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, afirmó que dicho proyecto cuenta con las garantías de no afectar el medioambiente, respetando el derecho a una atmósfera sana previsto en el artículo cuarto constitucional.

El fallo afirma que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ya fue emitida y jurídicamente no hay razón para impugnarla, pues el terreno donde se desarrollará el proyecto, la Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía, actualmente ya está ocupada para una finalidad similar: en esa área de superficie nacional, donde a su vez existen recursos naturales, el Estado mexicano ya ejercía su domino directo también a través del espacio situado sobre territorio nacional, en la extensión y términos que fija el derecho internacional de acuerdo con el artículo 27 constitucional.

Seguridad nacional

Explica que si bien otros jueces federales han otorgado las suspensiones contra estos proyectos, se debe a que no contaban con el argumento de razones de seguridad nacional esgrimido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): no existe en la Constitución ni en las leyes de la materia prohibición para construir un aeropuerto civil en instalaciones militares, pues más allá de su conveniencia, operatividad y funcionalidad, es una cuestión que no será materia de análisis del pronunciamiento de la suspensión solicitada, sino en todo caso de la sentencia definitiva que al efecto se dicte.

El fallo emitido el martes pasado por el juez quinto sólo se refiere a la suspensión definitiva de uno de los amparos promovidos por el colectivo #NoMásDerroches, y aunque permite que la construcción pueda iniciar, aún falta resolver las suspensiones dictadas en otros amparos.

El litigio podría extenderse en impugnaciones ante tribunales colegiados, lo que prolongaría el conflicto. Ante ello, #NoMásDerroches pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el fondo del asunto.

El juez federal argumentó que no puede obsequiar a dicho colectivo la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, como la Autorización de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respecto al proyecto del aeropuerto internacional de Santa Lucía.

Como se ha mencionado, constituye un hecho notorio jurídico que a través del oficio SGPA/DGIRA/DG/05525, del 17 de julio de 2019, se contiene una autorización en materia de impacto ambiental que atiende al principio precautorio que rige en ese tema.