La propuesta presidencial sobre regular los salarios de los funcionarios públicos, con el propósito de que nadie gane más que el titular del Poder Ejecutivo –cuyo ingreso tabular es de 108 mil pesos al mes–, quedó plasmada ya en el proyecto de decreto de reforma a los artículos 116 y 17 de la Constitución, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, que será sometido a votación este jueves.

Entre los integrantes del grupo de trabajo prevaleció el reconocimiento al gobierno federal, en la promoción de un marco que busca acotar los excesos salariales. El texto será votado en el pleno.

El documento aprobado con 16 votos de los diputados de Morena y Partido del Trabajo, con cinco abstenciones, como cualquier otra norma podrá ser controvertida por el amparo, no obstante, los diputados ya contemplan la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones para responder a los criterios de la Suprema Corte, instancia que demandó la implantación de un tabulador por el cual se establezca el salario del presidente, y dejar escasos resquicios a esa opción. Así, la modificación propuesta al artículo 116, fracción II, en su cuarto párrafo, indica que corresponde a las legislaturas de los estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Y las remuneraciones de los servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de la Constitución.

Pablo Gómez (Morena), adujo que el artículo 127 abarca todos los estados de la República, no sólo el primer párrafo, también sus fracciones, pero dicen que no, lo cual genera un conflicto y una situación en la cual hace tiempo estábamos de acuerdo, porque ganaba mucho, pero ahora que no gana existe la dificultad”. El problema –abundó– no es si se puede ganar más que el presidente, sino la cuantía: El mandatario de un país como éste no puede ganar lo que antes percibía y eso es lo que no se quiere aceptar, se quiere volver a lo que antes era, en una posición reaccionaria.

Para el panista Marcos Aguilar Vega, la propuesta de regular las remuneraciones de los servidores públicos es plausible, no obstante, existen áreas que deben ser atendidas, para garantizar su propósito.