Alcanzar la meta de 50 por ciento de cobertura en educación superior, que se ha planteado el gobierno, implica incrementar la matrícula estudiantil total de licenciatura en más de 1.1 millones de alumnos adicionales para 2024. Conseguirlo implicaría un incremento sostenido en la capacidad de las instituciones de educación superior de al menos 4 por ciento anual, de acuerdo con información de los proyectos de trabajo de los aspirantes a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el periodo 2019-2023.

Para Angélica Cuéllar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uno de los principales problemas de la educación en México, en particular del nivel superior, es la cobertura, que es la capacidad del sistema de atender a la población en edad de estudiar. Sabemos muy bien que la Universidad Nacional no puede enfrentar este problema por sí sola, ya que es un asunto que compete principalmente a los gobiernos federal y locales, y en el que se deben involucrar todas las instituciones de educación superior del país.

No obstante, considera la socióloga en sus propuestas de trabajo, la UNAM debe redoblar esfuerzos, redefinir prioridades y reorientar recursos para contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la solución de este problema.

El rector Enrique Graue Wiechers, quien aspira a un segundo periodo de cuatro años en la rectoría, señala que las metas trazadas por el gobierno requerirán de un esfuerzo presupuestal adicional en educación superior pues es prácticamente imposible lograrlas si no existen recursos suficientes. De 2014 al 2019, explica, la tendencia ha sido destinar un menor porcentaje del producto interno bruto a este nivel de estudios, que pasó de 0.68 por ciento en 2014 a 0.54 en 2019.

Indica que a esta muy loable determinación de aumentar la matrícula universitaria se suma el que la educación superior que imparta el Estado sea gratuita y accesible para todos; para el efecto, se reformó el artículo 3 de la Constitución, que hoy establece la obligatoriedad del Estado de financiar la educación pública en todos los niveles.

Para la UNAM y otras instituciones, considera Graue, la gratuidad no representa un reto mayúsculo; sí lo es para la mayoría de universidades estatales públicas, donde buena parte del presupuesto (de 5 hasta 30 por ciento) proviene de las cuotas de inscripción. Esto obliga a que el gobierno tenga que generar fondos adicionales para gradualmente ir propiciando la gratuidad.

Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, plantea que si bien los recursos y los espacios son limitados, la UNAM puede y debe promover un sistema nacional en el cual, en alianza con otras instituciones y actores, y utilizando las nuevas tecnologías, amplifique su capacidad de transmitir conocimiento al mayor número de personas posible.