Tanto la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el proceso que siguió a ese acto, con la aceptación inmediata del Presidente y la convalidación del Senado, es un acto inconstitucional y una señal negativa de opacidad, debido a que la Carta Magna establece que los anuncios de este tipo deben estar fundados y motivados, lo cual nunca sucedió, afirmaron especialistas en temas de transparencia.

Javier Martín Reyes, profesor de la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, subrayó que desde el punto de vista constitucional resulta problemático que se haya aceptado la renuncia de un ministro de la Corte sin explicar cuál fue la razón.

Cuando un ente público ejerce una facultad, como aceptar una renuncia, tiene que fundar y motivar esa decisión, y eso implica que teníamos que conocer las causas. Debía quedar acreditado si (Medina Mora) renunció por motivos de salud o porque estaba siendo investigado, pero nada de eso ocurrió.

Así, se puede afirmar que todo el proceso fue inconstitucional, aunque al mismo tiempo se trata de un hecho muy difícil de impugnar o de revertir, admitió el académico.

Reyes advirtió que la rapidez con que se proceso la renuncia de Medina deja abierta la puerta a todo tipo de especulaciones y envía señales muy preocupantes de que la designación del sustituto podría ocurrir con el mismo nivel de opacidad.

Issa Luna, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, reiteró que la Carta Magna señala que las renuncias a los cargos de ministros de la SCJN deben justificarse de manera clara, como mecanismo de rendición de cuentas.

Ante el incumplimiento del mandato constitucional, tenemos un ambiente de falta de transparencia. Lo ideal hubiera sido que se explicaran las razones por las que se daba esta renuncia. Eso ya no ocurrió, pero hay que buscar las formas para evitarlo la próxima vez que tenga lugar algo similar.

Luna indicó que este caso deja ver la necesidad de concretar una reforma pendiente al Poder Judicial, mediante la cual se transparentarían diversos ámbitos de la labor de los juzgadores, como sus sentencias y las reuniones que llevan a cabo con diversos grupos, pero también aspectos como su evolución patrimonial, con el fin de verificar que no haya enriquecimiento ilícito.