La ley de la fiscalía general de justicia de la Ciudad de México garantizará que ningún trabajador de la actual procuraduría sea despedido al comenzar a operar el próximo 10 de enero; establecerá mecanismos para asegurar que en el proceso gradual de transición todo el personal reciba capacitación, y fijará con precisión los procedimientos para su certificación, afirmó el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, Eduardo Santillán Pérez.

En reunión con la Comisión Técnica para la Transición de procuraduría a fiscalía, su presidenta, Ana Laura Magaloni Kerpel, alertó al Legislativo que de no dar garantías al personal de la dependencia –unos 16 mil funcionarios– el proceso de transición se cae.

Recordó que la Constitución Política capitalina da a todos chance de permanecer en la fiscalía y hay que darles esa oportunidad.

Ambas comisiones, legislativa y ciudadana, acordaron ayer realizar conversatorios y foros para la elaboración de la ley, que debe entrar en vigor el 5 de diciembre; en tanto, Magaloni sugirió además a los diputados establecer en la misma legislación una unidad de transición muy potente, con recursos y personal que tenga la capacidad de disciplinar a la estructura y decir a los titulares de las fiscalías o unidades lo que tienen que hacer en el proceso de transición.

En tanto, la procuradora Ernestina Godoy aseguró que la fiscalía contará con un blindaje contra la corrupción, así como procedimientos y protocolos de actuación modificados para la investigación de los delitos de alto impacto.

Al afirmar que la justicia no se vende, dijo que las denuncias de homicidio, feminicidio, secuestro y de tipo sexual serán presenciales, contarán con mecanismos específicos; además, se crearán unidades de atención a víctimas y de violencia familiar en cada agencia del Ministerio Público.

Se busca, dijo, generar confianza en la ciudadanía para que denuncie y reforzar la atención a víctimas, a fin de combatir la impunidad y acabar con el trato preferencial, pues no hay sociedad democrática cuando hay impunidad, por lo que la presentación de denuncias no será mayor a 15 minutos.