Si el gobierno pretende acabar con la impunidad, va a tener que enderezar la averiguación judicial sobre los hechos de Nochixtlán, Oaxaca (del 19 de junio de 2016) y determinar la responsabilidad de altos funcionarios que tomaron decisiones y dieron órdenes de aquel operativo policiaco hace tres años. Y sobre todo, tiene que dejar de hablar de perdón sin que antes haya justicia, asegura Sergio Luna, uno de los integrantes del Comité de Víctimas que surgió de esa agresión.

Para mí, que tuve que enterrar a mi hijo Óscar Luna Aguilar, un muchacho de 22 años, uno de los ocho caídos de aquel día, el presidente López Obrador no tiene la calidad moral para pedirme que perdone a los asesinos.

Con un Comité de Víctimas (Covic) dividido, algunos de sus miembros distanciados de la dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y preocupados por que en los espacios de negociación del movimiento magisterial con el presidente nos tienen olvidados, estas víctimas (familiares de los caídos, sobrevivientes del ataque y otros damnificados) reclaman tener presencia en la reunión programada para este miércoles entre López Obrador y la CNTE, y que se retome como prioritario en la agenda de la Cuarta Transformación el esclarecimiento pleno del Caso Nochixtlán.

Para el representante legal de estas víctimas, Darinel Blas García, el cambio de régimen no significó avances: Desde el principio la investigación no fue ni imparcial ni objetiva. En todo momento se trató de evitar señalamientos contra autoridades, se quiso ignorar la cadena de mando sobre las órdenes que se dieron aquel día y que provocaron un operativo violento, con uso de armas de guerra contra la población civil y sin atender ningún protocolo sobre el uso de la fuerza.

Cuestiona que desde el primer momento se definieron los hechos como un enfrentamiento entre maestros y pobladores contra policías y no como un ataque frontal de la policía contra la población. Y esta narrativa sigue aun cuando ya la nueva FGR tiene el caso en sus manos.

En el expediente, indica, hay muchos datos falsos: se dice que el bloqueo era ejecutado por cerca de 350 maestros y pobladores, cuando a la hora del operativo no había más de 30, quizá 40 personas en el retén, porque ese domingo era Día del Padre y día de mercado y la gente estaba en sus ocupaciones. Participaron más de 850 elementos, tanto de policía municipal como estatal y federal y en menos de 15 minutos lograron su supuesto objetivo, retirar el bloqueo.

Sin embargo, el avance de los cuerpos policiacos siguió por todos los flancos e incluso por aire, disparando armas y gases lacrimógenos. La jornada se saldó con ocho muertos, centenares de heridos, el único hospital sitiado y algunos incendios.

El representante legal recuerda que las primeras líneas de investigación de la fiscalía estatal, bajo responsabilidad del ex gobernador Gabino Cué, se centró en acusar a los maestros y a la población de homicidio, lesiones y daños a terceros. Cuando la PGR atrajo el caso, no cambió la orientación de la investigación.

En todo momento intentaron ignorar las declaraciones de las víctimas. Las carpetas de investigación contienen, por ejemplo, más de 500 supuestos interrogatorios a elementos policiacos. Todos dicen lo mismo; nadie los cuestionó.

Por otra parte, consta que los familiares de las víctimas y los lesionados fueron más investigados que cualquier otro. Se averiguaron sus perfiles, sus antecedentes penales e incluso las carpetas contienen fotografías de los dolientes a la hora de enterrar a sus seres queridos en el panteón. Al parecer, sólo perseguían un objetivo: incriminar a las víctimas.

Añade que si el fiscal Alejandro Gertz Manero quiere recomponer la investigación tiene que dejar de ver a las víctimas como el enemigo.

Aunque el expediente del caso ya consta de 38 tomos, en ningún momento los investigadores inquieren sobre cómo y por qué se decidió el operativo, quién dio las órdenes de avanzar más allá del bloqueo, quién autorizó que decenas de elementos fueran armados, quién ordenó disparar. A pesar de las numerosas pruebas documentales existentes, fotografías y videos ampliamente divulgados, sólo ha sido identificado uno de los elementos de la policía estatal, José Luis Lazo, quien apareció en grabaciones televisadas disparando su arma desde un puente hacia un terraplén, a un costado de la carretera por donde decenas deciviles intentaban huir. Solamente en ese punto se registraron tres de las muertes. Una de ellas, la de Óscar Luna, el hijo de Sergio.

En sus distintas declaraciones, Lazo ofrece versiones contradictorias. En una de ellas asegura que él no acudió para participar en el operativo ese día por orden de algún superior sino por motu proprio. En otra dice que ese día le robaron el arma porque dejó abierta su patrulla.

De todos los probables responsables señalados por las víctimas como autores intelectuales de las ocho muertes ocurridas en el ataque y que van desde el comisionado general de la Policía Federal en ese momento, Enrique Francisco Galindo; el gobernador de entonces, Gabino Cué; los ex secretarios de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, e incluso el ex presidente Enrique Peña Nieto, solamente el primero ha sido citado a declarar. Pero no ha acudido. Primero se argumentó que no lo han localizado, pese a contar con cuatro domicilios en San Luis Potosí.

El Covic ofreció ampliación de declaraciones a la FGR

Blas García denuncia que tras ocho meses del nuevo gobierno, la Fiscalía General de la República no profundizó. Para destrabar el bloqueo de la investigación, el Covic ofreció a la FGR una ampliación de declaraciones de las víctimas. No ha procedido.

El actual delegado de la FGR en Oaxaca, Jaime Porfirio García, un funcionario que viene de la antigua PGR, cambió en cuatro ocasiones al responsable del Ministerio Publico. Solamente leer y conocer el expediente con 38 tomos hasta el momento se toman tres meses de trabajo intenso. Finalmente, hay un MP nuevo, Saúl Velasco. Y ahora él tiene que empezar el estudio del caso, ya con tres años de retraso, desde cero.

Es muy humillante saber que después de tres años, después de haber luchado tanto, vamos a empezar desde el principio, asegura Sergio Luna.

“Pero no vamos a dejar la lucha –agrega Miguel Ángel Hernández, otra víctima–; sabemos que esto va a seguir siendo complicado porque estamos enfrentando a gente muy poderosa. Pero no podemos rendirnos. Somos los portavoces de los masacrados”. Miguel Ángel fue gaseado durante el ataque. Su cuñado Aarón José fue uno de los primeros en caer, herido de bala.

Creado en los primeros días después de los hechos, el Comité de Víctimas de Nochixtlán sufre ya varias fracturas por la diferencia de objetivos y estrategias legales. Una de las facciones ha privilegiado la vía del litigio en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la obtención de un acuerdo para la reparación del daño. Otro grupo, al que pertenecen Luna y Hernández, insiste en llegar hasta el final, hasta que se establezcan responsabilidades contra los autores materiales. Y no aceptarían un pacto de indemnizaciones antes que la justicia.

Parte de las víctimas sí están sobre eso. Pero como padre de un caído, es inaceptable. Una vida no se repara ni con todo el oro del mundo, concluye Luna.