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El Bronco aún no se libra del juicio político
 
Periódico La Jornada
Miércoles 25 de septiembre de 2019, p. 30

Monterrey, NL., Los coordinadores de las bancadas que componen el Congreso local informaron ayer que analizan someter a juicio político al gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón.

Indicaron que si bien el lunes aprobaron sancionar de manera directa a El Bronco por utilizar a funcionarios públicos para su campaña presidencial en 2018, la posibilidad de iniciarle juicio político continúa vigente.

De acuerdo con el líder de los diputados estatales del Partido Acción Nacional, Carlos de la Fuente, el gobernador y el secretario de Gobierno, Manuel González, a quien también podría ser llevado a juicio, cuentan con cinco días para apelar de la sanción directa y posteriormente se podría decidir iniciar al mandatario un juicio político, recurso que en ningún momento se ha hecho a un lado, ya que no se contraponen; de hecho, se podrían llevar a la par.

Por su parte, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Cienfuegos, aseguró que su fracción busca el juicio político. Si alguna autoridad o instancia judicial federal no valida lo que ayer se aprobó en el Congreso (la sanción por uso indebido de funcionarios estatales) y ordena que el proceso se reponga, se iniciaría juicio político a El Bronco, explicó.

En tanto, Jaime Rodríguez aseguró que el proceso de sanción directa aprobado el lunes por el Congreso está fuera de la ley. De acuerdo con el mandatario, la legislatura estatal se excedió en sus atribuciones, pues tendría que ser la fiscalía anticorrupción o el Tribunal Superior de Justicia quienes lo sancionaran.

El procedimiento se debió a que se comprobó que en 2018, cuando El Bronco buscaba competir por la Presidencia de la República, se usaron recursos públicos para recoger firmas que validaran su candidatura independiente, lo que implicó a funcionarios y equipos del estado.

El lunes el Congreso de Nuevo León aprobó las reglas procesales para sancionar a Jaime Rodríguez y al secretario de Gobierno en su calidad de servidores públicos.