La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de las reformas al Código Penal de Tabasco, conocidas como ley garrote.

Se trata del Decreto 115 que modifica los artículos 196, 196 bis, 299, 307, 308 y 308 bis del Código Penal de Tabasco que, entre otras cosas, permite castigar con cárcel y multas a quienes obstruyan las vías de comunicación, dañen un medio local de transporte público o impidan la realización de obras públicas o privadas.

La comisión argumenta que estas reformas son contrarias a los artículos 6 y 9 de la Constitución federal, que protegen los derechos de libre asociación, manifestación y expresión de las ideas.

Desde la promulgación de estas reformas, las asociaciones integradas en el colectivo Alerta Temprana Red solicitaron al organismo defensor de las garantías fundamentales combatir la ley garrote ante la SCJN.

El recurso de inconstitucionalidad de la comisión quedó registrado con el número 93/2019; el ministro presidente Arturo Zaldívar dispuso que sea acumulada con sus similares 92/2019, del partido MC, y la 91/2019, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, ya que las tres tratan sobre el mismo tema.

Entre los artículos impugnados por el organismo está el 308 bis, el cual señala que se impondrá prisión de seis a 13 años de prisión y multa de hasta 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida, a quien extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas.