La absolución y liberación de Gildardo López Astudillo El Gil –uno de los implicados en el caso Ayotzinapa– es una muestra del desaseado trabajo realizado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR), pero a la vez exhibe que la actual Fiscalía General de la República fue incapaz de aportar elementos sustanciales que impidieran su excarcelación.

Padres de los 43 normalistas desaparecidos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expertos independientes dela Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) señalaron por separado que con la liberación de El Gil se puede perder información relevante que lleve a la verdad de los hechos.

José Trinidad Larrieta, titular de la oficina para el caso Iguala en la CNDH, aseveró que la absolución de López Astudillo es una muestra de la debilidad de las instituciones y el sistema de procuración de justicia.

El funcionario señaló que en el expediente del caso existen elementos para que siguiera en prisión, pero la FGR no argumentó su validez de forma eficiente.

Sin bien es cierto que fue torturado, por lo que sus derechos se violentaron y sus declaraciones deben ser invalidadas, afirmó: “Hay varios criterios en el expediente que no han sido debidamente sopesados ante los tribunales, como las comunicaciones que mantuvo vía chat por celular con miembros de Guerreros Unidos en Chicago y las declaraciones de varias personas que lo señalan como el encargado de la plaza de esa organización criminal, elementos que pudieron mantenerlo en prisión. Para la CNDH no hay duda de que esa persona tuvo una participación central en los hechos”.

Mario González, padre de César Manuel González, uno de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, manifestó que la liberación de El Gil representó un duro golpe para las familias porque es uno de los principales sospechosos de saber algo de los muchachos. Agregó que es muestra de que la forma de investigar durante el gobierno anterior, por parte de la PGR, fue violatoria a derechos humanos, pues se basó en torturas contra muchos de los aprehendidos, lo que nos niega el derecho a conocer el paradero de nuestros hijos. No sabemos si él se llevó información valiosa.

Fuentes cercanas a la investigación refirieron que la PGR actuó de forma sistemática e ilegal, basando muchas de las indagatorias en prácticas de tortura, con lo que hicieron daño a la justicia, a la sociedad y sobre todo a las víctimas. Sin embargo, añadieron, ni el juez ni la FGR consideraron que de las 81 pruebas presentadas, 60 se obtuvieron bajo tortura, pero 21 más eran válidas para mantener a El Gil preso.

Larrieta comentó que se debe actuar contra los funcionarios púbicos que actuaron mal, ya sea de manera intencional o por omisión. “¡Más que responsabilizar al juez que liberó a El Gil, se debe investigar a los funcionarios de la PGR que actuaron bajo procedimientos ilegales”.