Quienes aspiren a cargos dentro del Poder Judicial deben tener cero vinculaciones con partidos políticos, propiciar el respeto a los derechos humanos, así como conducir su actividad con los principios constitucionales de objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Durante el foro Debate inaplazable: las transformaciones que los poderes judiciales necesitan en el México del siglo XXI, Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso, señaló que en la selección de personas juzgadoras idóneas para el México actual, se tiene que identificar a los magistrados que desempeñen el cargo de manera independiente e incorruptible.

Para ello debemos encontrar aquellos individuos que tengan las cualidades personales, profesionales y sean capaces, en caso de ser elegidos, de llevar a cabo su labor de esta manera. La herramienta fundamental para reconocer el mérito es el perfil. Por ejemplo, la edad mínima, la profesión, la nacionalidad, la cantidad de años de ejercicio profesional son parámetros muy efectivos pero que no nos dicen a ciencia cierta que esa persona va a desempeñarse de manera independiente e imparcial. Estos requisitos mínimos son un primer filtro muy básico para conocer a un universo de posibles candidatos.

Afirmó que también se tienen que identificar las cualidades de honestidad, debilidad, conocimientos, experiencia, temperamento. “Además debe ser normativo y contextual, porque no es lo mismo elegir a un juez para la jurisdicción especial para la paz en Colombia, que a un ministro de la Suprema Corte en México, las herramientas que tienen que tener esas personas son diferentes.

Quien tienen una relación con el partido en el poder o con cualquier partido político no debería ser un buen candidato a ocupar un alto cargo en la Judicatura y menos en estos tiempos en que precisamente existe un alto nivel de corrupción.

Para Marco Antonio Morales Gómez, consejero de la Judicatura del estado de México, la formación, selección de los integrantes de la función jurisdiccional en la entidad inició desde hace 34 años con la creación de un instituto de capacitación judicial y posteriormente, en 2001, se tomó el acuerdo de crear una escuela judicial de la entidad como una institución de educación superior de propósito específico, así como el Instituto de Ética Judicial.

Algunos participantes reiteraron que desde la pluralidad se tiene que contribuir y reflexionar sobre los pasos necesarios que lleven a consolidar un Poder Judicial eficiente, efectivo, imparcial, independiente, transparente, que garantice una justicia con perspectiva de derechos humanos.