De diciembre de 2018 –cuando tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador– a junio de 2019, la Secretaría de Gobernación (SG) ha autorizado la transmisión de 283 mil 510 actos de culto religioso extraordinario a través de medios masivos de comunicación no impresos.

Además, ha otorgado 74 registros constitutivos como asociación religiosa. El total a esa fecha son 9 mil 359. Y ha dado 8 mil 159 tomas de nota de modificaciones al interior de estos grupos religiosos, según se asienta en el primer Informe de gobierno.

De igual manera, ha atendido 18 conflictos suscitados entre asociaciones religiosas mediante el proceso de arbitraje, y 919 declaratorias de procedencia e inscripción de inmuebles propiedad de éstos.

En el documento se expone que también se han recibido 260 avisos de apertura de locales destinados al culto público y 471 para la celebración de actos religiosos fuera de los templos.

En este texto, el gobierno federal reiteró su compromiso con la libertad e igualdad en las posturas religiosas, convencido de que sus representantes contribuyen a fortalecer los valores de la sociedad, relativos a garantizar la libre manifestación de ideas y creencias.

Defienden agrupaciones el Estado laico

En la reunión más reciente, y la primera con el grupo que conforman Religiones por la Inclusión –en la que participan representantes de católicos, judíos, anglicanos, islámicos, de La Luz del Mundo, entre otros–, con la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le solicitaron respeto al Estado laico.

Uno de los temas tratados, confirmó el sacerdote anglicano Arturo Carrasco, fue la laicidad. Todos los participantes de las diferentes religiones, sin excepción, hablamos a favor de la separación entre éstas y el Estado. No hubo una que no lo mencionara.

El segundo tema fue la participación de las diferentes religiones en la construcción de la paz. En este sentido, Sánchez Cordero manifestó la necesidad y conveniencia de que participen en este tema, señaló.

Al encuentro, que se realizó la semana pasada, también asistieron la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación, Diana Álvarez Maury, y la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alexandra Haas Paciuc.