a sociedad mexicana avanza lento porque gobernantes y gobernados confunden las palabras con las acciones, las leyes con su observancia, acuerdos con resultados, libertad con libertinaje, palabra ésta que significa desenfreno, deshonestidad y desvergüenza, incluso para sostener que la libertad de expresión es intocable y el derecho a morir con dignidad, maraña burocrática y negocio. Un ejemplo de tan añeja y perjudicial confusión son las empresas de radio y televisión comercial que operan gracias a concesiones otorgadas a mexicanos por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones. En casi siete décadas de inobservancia de la Ley Federal de Radio y Televisión, una realidad salta a la vista y al oído: la responsabilidad social de los concesionarios se reduce a obtener cuantiosas ganancias a cambio de programas de deportes, noticias, espectáculos, entretenimiento, música, reality shows, caricaturas, series y películas, la mayoría gringas. Ah, y un ruidoso coro de opinólogos, pues la democracia debe ser un himno a la libertad y a la justicia, o lo que se les parezca.

Tanta irresponsabilidad social de los medios electrónicos concesionados, con el consentimiento de los gobiernos en turno se agrava cuando países como México, urgidos de educación, capacitación y concientización colectiva en muy diversos rubros se conforman con una mediocre programación destinada a divertir, distraer y manipular, como si esas fueran las necesidades e intereses de la sociedad y sí las intenciones de fondo de un Estado cómplice de esa enajenación sistemática, al renunciar a su obligación de promover y tutelar un desarrollo social cierto.

Por ello ofenden las respuestas cínicas del Partido del Trabajo, del PRI y de la Secretaría de Gobernación a la propuesta del diputado del PT, Óscar González Yáñez, mal planteada pero oportuna, no de regular a los medios, sino de recordarles, con energía, que la invocada autorregulación –esa otra hipocresía neoliberal– y su frívola prima, la libertad de expresión sin compromiso social, no deben continuar, salvo que opten por una bomba de tiempo. “Nuestro respeto irrestricto a la libertad de expresión… Un enérgico rechazo a cualquier intento de regular a los medios de comunicación pues avalarlo sería un ataque frontal a la libertad de expresión… No es intención del gobierno limitar en forma alguna la libertad de expresión.” O sea que seguiremos igual.

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