Sociedad y Justicia
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Propone Monreal aumentar a 30 años la prescripción de los delitos ambientales
 
Periódico La Jornada
Viernes 6 de septiembre de 2019, p. 36

El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa que reforma diversas normas ambientales para endurecer las sanciones a empresas que contaminen los ecosistemas y provoquen daños en la salud de la población, como es el caso de Grupo México.

Ente los cambios propuestos está incrementar a 30 años la prescripción de la responsabilidad por la afectaciones al medio ambiente y a las personas. En la exposición de motivos, el senador Monreal resalta que es un plazo razonable, dado que, por ejemplo, Grupo México tiene 257 concesiones para explotar minas, con vigencia hasta 2055, 2060 y 2062.

Resaltó, asimismo, que debido a deficiencias legislativas, empresas que han provocado daños severos, siguen operando y lo seguirán haciendo por un buen tiempo, en un contexto de severa crisis ambiental, por lo que es imprescindible modificar el marco jurídico.

La empresa de Germán Larrea protagonizó uno de los hechos que más ha estremecido al país, en Cananea, Sonora, en 2004: derramó 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos –provenientes de la mina Buenavista del Cobre– en los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que afectó los cuerpos de agua, la agricultura y la salud de población vecina.

En junio pasado, volvió a lesionar al ecosistema mexicano cuando su subsidiaria Metalúrgica de Cobre de México derramó 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés.

En su iniciativa de reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, el coordinador de Morena propone que, sin importar que el daño sea ocasionado por acto u omisión ilícito doloso o culposo, la persona o empresa responsable estará obligada a pagar una sanción económica, de hasta 800 mil Umas a los afectados.

Entre éstos se encuentran habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente, así como cualquier persona física con interés legítimo en el daño.

Se elimina la posibilidad, prevista en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de reducir ese monto hasta en una tercera parte.