e alguna manera, José Octavio López Presa, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en Acapulco, y la diputada local de Morena, Mariana García Guillén, en Chilpancingo, se alinearon ayer en propuestas que gravitan sobre un tema que, es obvio, constituye una preocupación para las actuales autoridades federales: el hecho de que la autonomía universitaria se extiende hasta lo que se refiere al manejo de los recursos públicos que son asignados a las instituciones de educación superior en forma de subsidio. El funcionario, de visita en el puerto, dijo: planteamos la idea de que Guerrero sea el primer estado del país que tenga un plan anticorrupción en universidades públicas y privadas.

La representante popular, por su parte, en la sesión de ayer de la Comisión Permanen-te del Congreso local, en la capital del estado, propuso reformar la Ley Orgánica de la Universidad para que sea el Legislativo, no el Consejo Universitario, la autoridad que designe y remueva al titular del órgano interno de control de la máxima casa de estudios de la entidad, a efecto de poner las funciones de este servidor público a salvo de la influencia de los directivos de la institución, y de manera muy marcada, del rector.

Algunas dudas saltan, por el hecho de que las universidades estén en la mira de una apertura de tal magnitud al escrutinio del Estado, y es de esperar que tales intenciones levanten una ola de reacciones en esas instituciones de educación superior, quizá de calibre especial en la de Guerrero, pues la autonomía de ésta fue una conquista conseguida tras una larga y ardua lucha que costó vidas de universitarios y también se saldó con la caída del entonces gobernador Raúl Caballero Aburto.

Una cosa es que los universitarios firmen y se comprometan –como plantea López Presa– con la rendición de cuentas y con el reto de erradicar la impunidad en una generación, y otra es la motivación de la legisladora morenista. ¿Acaso es este el mejor momento para cambiar la ley universitaria? Las universidades del país están con el agua hasta el cuello por falta de recursos ante su cúmulo de obligaciones, deudas y gastos, y necesitan una cuerda de salvación, que el gobierno federal se niega a lanzarles.

Por otro lado, es innegable que tras la autonomía universitaria pueden esconderse operaciones financieras que deberían ser ventiladas a la luz pública. La llamada estafa maestra es prueba irrefutable de ello. Bienvenido, pues, el debate.