Sociedad y Justicia
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Futuro titular del Insabi critica el seguro popular

Aprobada ley de salud, fármacos y servicios serán asequibles ipso facto

En el país hacen falta 73 mil médicos, asevera Juan Antonio Ferrer, encargado de la CNPSS

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▲ El funcionario asumirá la dirección de Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).Foto Luis Castillo
 
Periódico La Jornada
Martes 20 de agosto de 2019, p. 31

En México faltan 73 mil médicos, para lograr una tasa de 2.3 por cada mil habitantes. Este es uno de los primeros rezagos que se resolverán con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Nada más que el Congreso apruebe la reforma a la Ley General de Salud, al día siguiente –o en la fecha que entre en vigor– las personas dejarán de pagar por los servicios que reciben y tendrán los medicamentos que requieran para curar sus enfermedades, cualesquiera que sean, afirmó Juan Antonio Ferrer, encargado de despacho de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

Con la modificación legal que plantea la creación del Insabi y la desaparición del Seguro Popular también se formalizará el nombramiento de Ferrer como director del nuevo organismo, de acuerdo con lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista donde hasta ayer fue su oficina en la Secretaría de Salud (Ssa) –a partir de hoy despacha en la sede de la CNPSS–, el funcionario adelantó que para la administración del presupuesto se creará un fondo único en el que se depositará el dinero de la Federación y las aportaciones que de manera voluntaria hagan los estados para beneficio de sus gobernados.

El manejo de los recursos estará a cargo del Insabi y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual se hará cargo de las compras de insumos (medicinas, material de curación) y el pago de la nómina del personal de salud del país.

Todavía faltan en sumarse 12 entidades a los acuerdos para la federalización de estos servicios. Un par está por firmarlos y otras prefieren esperar a que se concrete la reforma legal con la creación del Insabi antes de suscribir el convenio. Ferrer señaló que la iniciativa se discutirá en la Cámara de Diputados en la primera semana de septiembre.

Manejo eficiente dejará más dinero, asegura

Sobre los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos –unos 48 mil millones de pesos–, aclaró que no se tocarán más que para cubrir la atención de las enfermedades de alto costo de quienes ya son beneficiarios.

Puntualizó que los 40 mil millones de pesos adicionales que se asignarán a salud en 2019 y también en 2020, como ofreció López Obrador, provendrán de una mejor eficiencia en la administración de recursos y la cancelación de gastos superfluos en el gobierno federal.

En los ocho meses de esta administración, Ferrer –cuya formación académica es de tres años en la carrera de odontología y experiencia laboral en patrimonio cultural de México– sigue aprendiendo sobre el sistema nacional de salud. Afirmó que nada del Seguro Popular sirve para este gobierno porque responde a intereses de la iniciativa privada y hay corrupción.

Explicó que la principal diferencia del nuevo modelo de atención con respecto al Seguro Popular es que vamos a iniciar desde las comunidades, con las personas, para atender sus necesidades, garantizar su bienestar; y no desde las oficinas.

–¿Cómo se va a lograr?

–Con el Modelo de Atención para el Bienestar, que de manera coordinada diseñaron las instituciones del sector (Ssa, IMSS e Issste) y empezará a funcionar en lo inmediato en el sureste de la República . En cada centro de salud habrá uno o varios equipos integrados por un médico, una enfermera y un promotor de salud, con base en el número de usuarios. Las necesidades determinarán si se requiere un hospital de segundo o tercer nivel. La meta es que haya un mínimo de 2.3 médicos por mil habitantes. Actualmente, el indicador es de 0.6 por mil, es decir, el déficit es de 73 mil.

Una parte de éstos se encuentran en los consultorios adyacentes a farmacias, donde los pacientes deben pagar por los servicios y por los medicamentos, cuando es obligación del Estado garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud.

–Quienes viven en las ciudades de alguna manera resuelven sus problemas de salud, pero en las comunidades rurales e indígenas…

–Es una solución a medias porque se atiende una enfermedad en lo inmediato. Después se complica y entonces el paciente llega a las instituciones, donde el costo de la atención es más elevado. Queremos que eso cambie y que las personas reciban una atención integral.