En resolución inédita, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas responsabilizó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Christian Téllez Padilla, resgistrada el 20 de octubre de 2010 en Poza Rica, en la que participaron autoridades estatales presuntamente vinculadas a grupos de crimen organizado.

Los 18 expertos que forman parte del comité señalaron que México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de esa desaparición forzada.

Ésta es la primera ocasión que esta instancia internacional se pronuncia por un caso particular de este tipo. En el dictamen, hecho público ayer en Ginebra, Suiza, sede del comité, los expertos subrayaron que el Estado mexicano no ha proporcionado una explicación suficiente y concreta para rebatir las afirmaciones de la desaparición forzada de Téllez Padilla. Por consiguiente, los hechos constituyen una desaparición forzada.

Recalcaron que a casi nueve años, las investigaciones realizadas tanto a nivel estatal como federal se han demorado excesivamente, sin que el Estado mexicano haya justificado el retraso. Ordenó dar con el paradero de Téllez Padilla –quien al momento de la desaparición tenía 30 años–, investigar y sancionar a los responsables, reparar de forma integral a las víctimas y tomar las medidas necesarias para evitar que hechos así se repitan.

Tras múltiples denuncias ante las autoridades estatales y federales, y la omisión y negligencia de éstas, la familia, con el apoyo de la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, presentó un recurso en noviembre de 2015 ante el Comité de la ONU, que se resolvió con la emisión del dictamen.

En este caso, apuntó el comité, México ha violado los derechos a la vida, a la integridad física y síquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a recursos judiciales efectivos. El organismo dio al Estado mexicano 180 días para informar sobre las medidas para implementar el dictamen.