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Rechazan cambios al formato de declaración patrimonial
 
Periódico La Jornada
Jueves 8 de agosto de 2019, p. 10

Como se tenía previsto, las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) rechazaron incluir varios puntos a los formatos de declaración patrimonial y de conflicto de intereses que deben llenar los servidores públicos, entre ellos dar a conocer los nombres y bienes de personas cercanas a ellos y divulgar el saldo de sus cuentas bancarias y de inversiones.

En la segunda sesión extraordinaria de 2019 del SNA, se discutió como único punto del orden del día si se aceptaba una serie de adiciones que el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) propuso a los formatos aprobados en lo general el pasado 9 de julio.

Uno de los principales aspectos era la posibilidad de que los servidores fueran obligados a revelar con pesos y centavos el monto de sus cuentas bancarias y de inversiones, con la premisa de que es más importante el derecho de la sociedad a conocer esta información que el del funcionario a proteger sus datos personales por razones de seguridad.

Aunque el comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, argumentó en favor de esta iniciativa y ganó el apoyo de la Secretaría de la Función Pública y del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, finalmente la propuesta fue rechazada con los votos en contra de la Fiscalía Especial Anticorrupción, el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior de la Federación.

Otra propuesta era dar a conocer los nombres y bienes de personas cercanas a los servidores públicos –como cónyuges, hermanos, primos o socios–, y aunque de nueva cuenta el Inai votó a favor de su iniciativa, sólo concitó el apoyo del CPC y se enfrentó a los votos en contra de las otras cinco instituciones integrantes del SNA, muchas de las cuales señalaron que lo anterior habría implicado violar el derecho a la confidencialidad de los involucrados.

Otras propuestas del Inai rechazadas fueron hacer explícito el sector industrial o comercial de la actividad con que un funcionario podría entrar en conflicto de intereses y añadir 110 campos al formato aprobado. Entre los cambios avalados están proteger los nombres de menores de edad mencionados por los servidores como beneficiarios o propietarios de algún bien.