La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, enviará mañana al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley de Seguridad Ciudadana que derogará a la que está vigente desde hace 26 años, además de que presentará un paquete de reformas al Código Penal local para endurecer las sanciones a delitos como ultraje a la autoridad y duplicar las penas a los policías que delinquen.

Las modificaciones en materia penal prevén, además, elevar las sanciones a los sujetos reincidentes, particularmente en los delitos de alto impacto, clasificar como grave el robo de teléfonos celulares asociado con la necesidad de proteger a las víctimas de la sustracción de datos personales para cometer otros ilícitos.

En cuanto a la nueva Ley de Seguridad, se prevé armonizarla con la Ley de la Guardia Nacional y otras normas federales e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

En tanto, los diputados analizan un anteproyecto en el que se propone la creación de evaluaciones para los policías cada tres años, se vigilará su desarrollo patrimonial justificado y la ausencia de vínculos con organizaciones delictivas, tal como lo establece la Constitución local.

También se prevé que incluya la destitución de los efectivos que se nieguen o abstengan a realizar el proceso de evaluación de control de confianza, así como de desempeño.

Entre los cambios se plantea la creación de mecanismos para investigar y sancionar abusos contra mujeres policías, tener un consejo asesor externo ciudadano para revisar la actuación de la Unidad de Asuntos Internos en casos de actuación policial de alto impacto en la opinión pública, según se establece en el anteproyecto.

De la misma manera, prevé la creación de seis nuevos registros de armamento y equipo táctico, información criminal para tener una base de datos de personas indiciadas, procesadas y sentencias que incluyan perfil criminológico, recursos y modos de operación.

Otro recurso es el de las estadísticas de seguridad, el cual sistematizará datos y cifras relevantes sobre las funciones de seguridad y el registro de detenciones.

También se impulsará la creación de un consejo de seguridad ciudadana, consejos locales por cada una de las alcaldías y sus respectivos comités de seguridad, que en su conjunto crean el sistema de seguimiento.

Adicional al paquete de iniciativas que enviará la jefa de Gobierno, Morena propondrá hasta ocho años de prisión contra agentes del Ministerio Público por tener una actuación negligente en la integración de una carpeta de investigación y por abstenerse de iniciarla al tener conocimiento de un hecho delictivo.

Elaborada por el vicecoordinador de la bancada morenista, José Luis Rodríguez Díaz de León, explicó que la reforma se sustenta en que es obligación del Estado investigar y perseguir delitos donde se utilicen todos los medios legales disponibles a su alcance que permitan la captura, enjuiciamiento y sanción del delincuente, así como el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

La reforma al artículo 293 del Código Penal prevé una pena mínima de dos años de cárcel y multas de 100 a 400 veces la unidad de medida y actualización, entre 4 mil 849 y 33 mil 796 pesos a su valor actual.