l jueves pasado se realizó en la antigua escuela de jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un acto para conmemorar el 90 aniversario de la autonomía universitaria. El doctor Enrique Graue Wiechers destacó en esa ocasión la importancia de recordar los acontecimientos que dieron origen a ese derecho constitucional, pues de ellos –dijo– nace la convicción de defender y proteger los principios básicos de la autodeterminación sin injerencias externas, como ocurrió en la década de los años 30: Luchar contra el dogmatismo y las imposiciones políticas educativas de esa época. El rector de la máxima casa de estudios fue más allá, pues precisó que este principio básico no es un hecho consumado, sino un derecho que debemos ejercer y ratificar cotidianamente, con firmeza, seriedad, convicción y determinación. En el contexto de esta conmemoración se justifica preguntarnos si la autonomía de la UNAM hoy se encuentra amenazada.

Me gustaría responder que no, pero desafortunadamente la UNAM se encuentra inmersa en un mar de signos adversos a su autodeterminación. Además de que por un descuido la autonomía fue eliminada del texto constitucional, aunque luego reintegrada (como el presupuesto a universidades en términos reales), se han producido hechos lamentables como los ocurridos en los primeros meses de este año con la presentación sorpresiva en algunos congresos locales –de diputados de Morena– de iniciativas de reforma a las leyes de universidades autónomas, como las del estado de México, Baja California Sur y el Colegio de Veracruz; modificaciones diseñadas a espaldas de las comunidades de esos centros de estudios, que afortunadamente no fructificaron.

Pero además, el gobierno actual ha planteado ya algunos lineamientos para las instituciones de educación superior e investigación, como el ingreso abierto a todos los aspirantes a este nivel educativo, severas medidas de austeridad para los centros científicos que operan con recursos públicos, la eliminación de programas de estímulos al personal docente y de investigación con la consecuente reducción de salarios (o el futuro condicionamiento de becas y estímulos al cumplimiento de programas gubernamentales), una política de ciencia orientada a la solución de los problemas nacionales –cuando no se entiende bien cómo se definen éstos– y el menosprecio a la creación individual. Todo lo anterior acompañado con la idea de que en estas instituciones hay grupos privilegiados, una hiperélite.

Hasta ahora, la UNAM ha logrado mantenerse al margen de los efectos adversos de las políticas educativas y de ciencia actuales, pero la presión que se ejercerá sobre ella en los próximos meses parece inevitable, en especial porque en noviembre concluye el primer periodo del rector Enrique Graue y, como es costumbre, surge la inquietud entre los universitarios sobre si el gobierno actual resistirá o no la tentación de meter las manos en este proceso.

Pero a pesar de todos los signos ominosos, la UNAM no se encuentra inerme ante estos peligros. El 15 de mayo, durante la ceremonia del Día del Maestro, el doctor Graue dirigió un mensaje extraordinario a la comunidad universitaria y a la nación:

“En julio del año pasado, en forma ejemplar y respetuosa, los mexicanos decidimos el cambio de rumbo que tenía que suceder para conseguir un país más democrático, honorable y justo. Para algunos fue un cambio súbito e inesperado, para otros deseado y necesario, de ahí que la sociedad mexicana se encuentre entre el desconcierto y la esperanza. Pero en la UNAM no debe existir incertidumbre sobre nuestro presente y futuro.

“Tenemos la certeza de nuestra autonomía (…) Con autonomía, defendemos nuestro carácter laico, público y gratuito. Con autonomía definimos nuestros mecanismos de ingreso y permanencia y nuestra voluntad de crecer y educar con calidad. Con autonomía organizamos nuestro presupuesto y lo hacemos con la austeridad que evita excesos y con la suficiencia para no generar carencias. Y lo hacemos con apego a la legalidad con absoluta transparencia. Con autonomía, continuaremos investigando en búsqueda de la verdad y de las mejores soluciones para el país y difundiendo nuestros conocimientos con honestidad y veracidad.

Con respeto y firmeza, habremos de influir en las leyes y planes de desarrollo para la ciencia, la tecnología y la innovación. Porque estamos convencidos de que no habrá país rico con una ciencia pobre… ¿Más claro?

Sería lamentable que el gobierno de la Cuarta Transformación tratara de imponer sus políticas educativas y científicas a una institución que puso en juego toda la creatividad y genuina convicción de sus estudiantes, trabajadores, profesores e investigadores para asegurar el cambio que se concretó en las elecciones de julio, y que ahora esta comunidad tenga que enfrentar –y seguramente lo hará– con la misma determinación la defensa de su autonomía.