La memoria histórica del país está en riesgo de perderse o sufrir daños severos, debido a que la gran mayoría de los archivos de las entidades federativas –e incluso el Archivo General de la Nación (AGN)– operan en condiciones de gran precariedad, sin instalaciones, presupuesto ni personal adecuados, de acuerdo con datos oficiales obtenidos por La Jornada a través de solicitudes de información.

Expertos en el tema advirtieron que dicha situación es especialmente preocupante de cara a la entrada en vigor de la Ley General de Archivos (LGA), el 15 de junio, pues aunque se trata de una norma muy completa, implica crear un andamiaje muy sofisticado, para el cual se necesitan recursos económicos y voluntad política.

La LGA fue aprobada el 15 de junio de 2018, está compuesta por 123 artículos y 17 transitorios, y su propósito es garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos, no sólo para cuidar el patrimonio documental del país, sino para sustentar de forma adecuada el derecho a la verdad y el acceso a la información.

Asimismo, la norma contempla la creación del Sistema Nacional de Archivos, cuyo órgano regulador será el Consejo Nacional de Archivos, instancia encabezada por el AGN y en la cual participarán los acervos históricos de cada estado, las organizaciones civiles y académicas interesadas en el tema y las colecciones particulares.

Aunque la LGA se plantea objetivos ambiciosos, como establecer grupos interdisciplinarios de análisis de documentos para conocer su valor, además de conservar y preservar documentos relacionados con violaciones de derechos humanos, entre otros, los diferentes archivos de las 32 entidades federativas presentan un nivel de desarrollo muy desigual, aunque en su mayoría subsisten en la precariedad.

Un ejemplo de lo anterior es el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, en el cual sólo trabajan cinco personas –de las cuales dos son ingenieros agrónomos, en vez de historiadores o archivistas–, quienes deben hacerse cargo de la custodia y organización de más de 300 mil documentos.

Al pedirle información sobre el nivel de cuidado de su acervo, el organismo indicó que aunque el material del periodo colonial y el siglo XIX está en buenas condiciones, admite que un incendio ocurrido en 1975 dañó unas 500 cajas de expedientes, de los cuales no se sabe con certeza cuánto se va a poder rescatar y cuánto será desechado.

Otro caso similar es el del Archivo General del Poder Ejecutivo de Baja California, el cual tiene 36 empleados en total, pero de ellos sólo cuatro cuentan con un título universitario y ninguno es técnico en archivística. Además de lo anterior, para 2019 se le asignó un presupuesto de apenas 287 mil 825 pesos, con el cual debe cuidar más de 45 mil expedientes.

En el caso del Archivo Histórico del Estado de Chihuahua, únicamente tiene un presupuesto de un millón 83 mil pesos para 2019, cuenta con los servicios de sólo cuatro personas de tiempo completo –ninguno de los cuales es experto en organización de legajos– y la mayor parte de su acervo (284 metros lineales, de los 534 que tiene) está en riesgo de pérdida.

Alejandra Ríos, profesora-investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, alertó que existe una situación crítica en lo que se refiere a la infraestructura de los archivos en prácticamente todo el país, y apuntó que la entrada en vigor de la LGA es un tema complejo porque va a implicar una carga presupuestal enorme, en un país donde la mayoría de las autoridades no le dan importancia al asunto.

Por su parte, Ramón Aguilera, director general de la Escuela Mexicana de Archivos, coincidió en que los acervos de concentración y hasta los históricos suelen estar arrumbados en bodegas y guardados en cajas sin ningún orden, porque además de que no existen recursos económicos y voluntad política para guardarlos debidamente, tampoco existe la cantidad suficiente de archivistas especializados para ello.