La controversia constitucional interpuesta por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra del amparo que promovió el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyo objetivo es que el Senado apresure el nombramiento de los 18 magistrados anticorrupción, es incongruente con la lucha del actual gobierno contra este flagelo.

Así lo advirtió Irene Levy, integrante del CPC, quien consideró que dicha acción por parte del gobierno federal retrasa la lucha contra la corrupción, ya que al no haber todavía jueces especializados en la materia, no se pueden juzgar las faltas graves que se presenten.

Nos sorprende un poco la controversia, primero porque es muy raro que se interpongan en contra de sentencia de amparo, pero más allá de los intríngulis jurídicos, lo que a nosotros nos importa son estos retrasos que existen en el nombramiento de los 18 magistrados anticorrupción, los cuales no permiten completar el esquema de trabajo del SNA, indicó la abogada en entrevista con La Jornada.

Dichos retrasos, enfatizó, implican que” las faltas graves en materia de corrupción no puedan seguir adelante (en su investigación y sanción) porque no existe la tercera sala especializada y, por lo tanto, no hay quien juzgue esas faltas, dado que la Constitución establece claramente que deben ser los magistrados especializados que nombre el Ejecutivo con ratificación del Senado”.

El efecto inmediato de la controversia, recalcó, es que este proceso judicial se postergue aun más, lo que nos deja perplejos porque de verdad no entendemos la incongruencia de que la bandera es la anticorrupción y se demora la estructura judicial, comentó Levy.