18 de mayo de 2019 • Número 140 • Suplemento Informativo de La Jornada • Directora General: Carmen Lira Saade • Director Fundador: Carlos Payán Velver

Sinaloa

Los yoleme, cercados por la
delincuencia y la agroindustria


Uno de sus problemas recurrentes es la escasez de agua. Hugo Eduardo López Aceves
Hugo Eduardo López Aceves  DEAS-INAH  PNERIM

Al igual que cualquier demarcación geográfica con población indígena, la de los yolemem, es decir, los “mayos” del norte de Sinaloa, viven una serie de problemáticas específicas, cuya dificultad puede variar en diversos grados. En esta oportunidad enfocaré mi atención sólo en dos: los desplazados por causa de la violencia del narcotráfico y los inherentes a la producción agroindustrial.

En el primer caso, la lucha entre cárteles ha ocasionado que miles de personas huyeran de sus comunidades, circunstancia que para el año de 2017 ubicó el mayor reporte del desplazamiento de familias en los municipios de Badiraguato, Concordia, Choix, El Fuerte, San Ignacio y Sinaloa. La enorme gravedad de la situación se complica al ignorar las condiciones en que sobreviven estas personas, que hablando de los yolemem de la región serrana, es decir, de quienes habitan las jurisdicciones de Choix, El Fuerte y Sinaloa, resulta total.

Es posible que frente al miedo sufrido por la violencia, mucha gente se encuentre dispersa y en precarias condiciones por todo el estado, lo que haría que cualquier indicio de una especificidad étnica, corriera el riesgo de ser englobada dentro de la denominación de grupo vulnerable; por ejemplo “los refugiados” o “los migrantes”. En razón de lo anterior y a fin de evitar una injusta homologación, sería obligado elaborar como primer paso un “censo de desplazados” para conocer no sólo cuántos son, sino también para determinar cuál es su posible filiación étnica y cultural.

Emprender un registro de ese tipo requiere necesariamente un esquema de cooperación interinstitucional, es decir, un esfuerzo coordinado que podría estar a cargo de la SEGOB, puesto que el fenómeno ocurre en varios puntos del país. Asimismo, ya que la violencia desatada por el narcotráfico es la causante del desplazamiento forzado, el involucramiento de la SEDENA sería necesario por ser la institución encargada de combatirlo y ubicar su movilidad en la región, del mismo modo que correspondería al INPI estimar qué asentamientos, quizá con población yoleme e incluso ralámuli, han sido afectados. La orquestación de tal esfuerzo implicaría también al gobierno del estado de Sinaloa y probablemente a los de Chihuahua y Durango, en cuyas colindancias queda trazado el llamado “triángulo dorado”, zona serrana sumida además en una pobreza crónica, el contexto donde ha ocurrido tan preocupante fenómeno.

El segundo caso a considerar tiene que ver con la ubicación geográfica ocupada por los yolemem dentro del semidesértico noroeste mexicano, donde uno de sus problemas recurrentes es la escasez de agua, particularmente aguda en tiempos de sequía. No obstante lo anterior, la entidad se ha caracterizado por su alta productividad agrícola gracias a su red de presas, que dotan del líquido a sus extensos campos de cultivo, mediante un complejo sistema de canales de riego. En ese contexto, básicamente desde la segunda mitad del siglo pasado, el pueblo yoleme ha visto cómo sus antes comunes actividades de caza y recolección fueron desplazadas por la oferta laboral del sector agroindustrial.


La organización social de los yoreme mayos se basa en la familia extensa y las redes de solidaridad que en esta se tejen. Museo Indígena

Aunque dicho ramo ocupa a muchos yolemem como jornaleros agrícolas, tiene la desventaja de ser eminentemente estacional, lo cual dificulta la obtención permanente de un ingreso monetario. A la par de este inconveniente económico, los yolemem también enfrentan el irregular abasto de agua para uso doméstico, la cual siempre está en la mira de la producción masiva de monocultivos como son los del maíz o el jitomate. Desafortunadamente, a pesar de su evidente importancia, este renglón productivo ocasiona graves daños ambientales y sanitarios, dado el empleo de agroquímicos. Esto ha ocasionado el empobrecimiento de la tierra por el abuso desmedido de fertilizantes, la asumida por muchos causa de cáncer por el contacto con los pesticidas dispersados por avionetas fumigadoras en sus vuelos rasantes y al final del ciclo, la conducción y desecho de los tóxicos mediante una maraña de drenes, cuyo cometido final es verterlos en las costas del Pacífico. En razón de esta problemática, el pueblo yoleme padece un riesgo ecológico permanente no sólo en sus valles, sino también en sus esteros, el cual, por añadidura, altera la pesca de camarón y otras especies.

De esa manera, es fundamental la acción coordinada y planificada de una política intersectorial que involucre a la CONAGUA, vigilando que las aguas vertidas pasen por plantas tratadoras que reduzcan su toxicidad; que la Secretaría de Salud realice un monitoreo permanente de los jornaleros agrícolas y de la población, sea yoleme o no; que la SADER regule al máximo seguro la gama existente de agroquímicos y de ser el caso, prohíba el empleo de aquellos que dañen cualquier manifestación de vida y, por último; que la SEP implemente desde el ciclo prescolar, programas informativos a escala regional para crear conciencia de la problemática ambiental imperante y la manera de combatirla.

En ese sentido, la precaria situación social y económica que muchos yolemem soportan, es sólo una de las aristas de un problema histórico permanente, el de la desigualdad estructural, cuya naturalización entre los distintos sectores sociales, impide la sana continuidad de su devenir cultural y humano en tanto pueblo indígena.•

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