18 de mayo de 2019 • Número 140 • Suplemento Informativo de La Jornada • Directora General: Carmen Lira Saade • Director Fundador: Carlos Payán Velver

Ciudad de México

Otra batalla por la tierra y el agua

Laura E. Corona de la Peña y Leonardo Vega Flores

La cuarta transformación ha generado grandes expectativas en los ámbitos nacional y local, incluyendo a la Ciudad de México. La CDMX tiene importantes problemas que atender, entre ellos:

- Urbanización inhumana. Lo que fue un espacio de distintos ecosistemas ligados a lagos y cerros es ahora una enorme y sedienta ciudad con amplias zonas de concreto y asfalto. A través de su historia, esta ciudad fue incorporando en su territorio a los pueblos aledaños y con el tiempo ha querido convertir sus verdes paisajes en lugares de “progreso”, en los que reinan el asfalto, los rascacielos y el automóvil. En esta ciudad la tierra, el agua y el bosque son bienes cada vez más escasos y valiosos, preciado botín de las inmobiliarias que pagan poco por los terrenos e incluso amparados por el artículo 40 de la Ley de vivienda construyen “vivienda de interés social” que finalmente venden a altos costos como “hermosas viviendas modernas y funcionales”.

Muchas voces, incluida la de las personas de los pueblos afectados por la rapiña inmobiliaria, han denunciado el ecocidio, la gentrificación y la desaparición de sus espacios de vida cotidiana. En este proceso de acelerada urbanización no solo los numerosos complejos habitacionales están cambiando el rostro de la ciudad, también las lujosas plazas comerciales, las vías rápidas y el estilo de vida “moderno”. El 19s dejó al descubierto muchas problemáticas añejas que en su momento pudieron evitarse (desecación de mantos acuíferos, deforestación, hundimientos y corrupción en permisos de construcción, entre otros). Para muestra basta un botón: el proyecto de la empresa inmobiliaria “Quiero Casa Cantera Coyoacán”, actualmente suspendido, se encuentra en pueblo de Los Reyes, Coyoacán, en la Av. Aztecas 215. Los vecinos de los pueblos y colonias aledaños detectaron en marzo de 2015 que de la obra salían sendas mangueras que tiraban agua al drenaje. Ante la falta de acciones del gobierno en respuesta a las denuncias de los vecinos, el 26 de febrero de 2016 se conformó la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán que continúa trabajando por la defensa del agua, no como un recurso sino como fuente de vida para el ecosistema de los pedregales y para las personas que ahí habitan.

Estudios del Instituto de Geología de la UNAM, en agosto de 2017, establecieron que el agua que aflora en este predio proviene de un acuífero somero también aprovechado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) a través de las plantas de Xotepingo y de Loreto y Peña Pobre, por lo que “de ninguna manera es aceptable que el agua del acuífero somero se capte y se tire al drenaje sanitario”.

Esta lucha se ha vinculado a otras que en nuestro país se están dando desde hace años por los múltiples despojos. La cuarta transformación puede cambiar la historia con varias acciones concretas como dar seguimiento a las denuncias y demandas, revisar la Ley de vivienda y el reglamento de construcción para garantizar la presencia digna de los pueblos de la ciudad. También es importante que el gobierno recupere su papel en la construcción de vivienda que cedió a las inmobiliarias a principios de los años noventa. Es urgente la supervisión de los permisos de complejos habitacionales y plazas comerciales en construcción, sobre todo en cuanto al impacto ecológico, cambio del paisaje y afectación a la vida de los vecinos. Dar prioridad a la recuperación de pulmones de la ciudad y trabajar en las áreas de recarga de acuíferos son puntos importantes para construir un futuro más habitable y equitativo.

- Representación política de los pueblos. La Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM) promulgada en febrero de 2017 y entrada en vigor en septiembre de 2018, establece en su art. transitorio 28 que la “I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar la ley reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59, y las demás leyes reglamentarias que correspondan, en un plazo máximo de dos años contado a partir de la fecha en que sea promulgada la presente Constitución”. Posteriormente, en mayo de 2018 la Ley Orgánica del Congreso estableció que lo referente a “Pueblos y Barrios originarios” entrará en vigor hasta que el Congreso emita la Ley Reglamentaria correspondiente. De acuerdo a lo anterior, los artículos mencionados no han entrado en funciones y conceptos como la libre determinación y la autonomía que se detallan en el artículo 59 aún no han encontrado aplicación a demandas sociales que han estado presentes en los pueblos de la CDMX, entre ellos lo referentes a su representación política. Tanto el TECM como el TEPJF tienen que recurrir a la Ley de Alcaldías (2018) y la de Participación Ciudadana (2004), entre otros instrumentos legales, para orientar sus sentencias que no estarán exentas de confusiones y limitaciones mientras no se emita la ley que reglamente los artículos 57, 58 y 59.


Asamblea en San Gregorio Atlpulco. Leonardo Vega

Es el caso de lo que está sucediendo en los pueblos de la Alcaldía de Xochimilco, donde a raíz de la sentencia TEDF-JLDC-013/2017 Y ACUMULADOS, se llevaron a cabo asambleas desde enero de 2019. La sentencia mencionada fue emitida a raíz de las sucesivas faltas cometidas por el último Delegado de Xochimilco de MORENA en relación a la convocatoria para elegir Coordinador Territorial (CT) y resolvió que para la nueva convocatoria “debe haber una consulta previa a la comunidad para determinar el método de elección”. En las asambleas se delinearon dos propuestas que fueron más allá del "método de elección": 1) la de CT (apoyada por la sentencia, la Alcaldía, el IECM y parte de la población, entre ellos, algunos presionados o coaccionados por la Alcaldía) y, 2) un Concejo (como en San Andrés Totoltepec, apoyada por otro grupo de la población y un grupo externo de abogados y académicos) que ha ido ganando adeptos ante un notorio desgaste de la figura de CT durante la época del predominio del PRD.

Sin embargo, ante el incumplimiento de la sentencia por parte de la Alcaldía, el TECM determinó revocar las asambleas. A su vez, una sentencia del TEPJF determinó cancelar parcialmente la sentencia del TECM, y señaló: que el universo de personas que pueden elegir al CT se podría limitar a las personas nativas de los pueblos en tanto que no afecta la prestación de los servicios públicos “ni se trata de una autoridad establecida constitucionalmente”; el CT tienen un vínculo con la Alcaldía y no una dependencia jerárquica; para la queja de “pasar de un cargo unipersonal a uno colegiado”, el TECM debe proseguir su estudio observando el marco normativo de la CPCM y el artículo 218 de la Ley de Alcaldías; y que el TECM debe resolver de “manera individualizada respecto de cada Pueblo”. Por su parte, el gobierno de la Alcaldía de Xochimilco ha mostrado ignorancia, mala fe y una clara actitud de intromisión y beligerancia en los procesos locales. En tanto la Coordinadora de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco está más preocupada por formalismos jurídicos y no en la cultura política local. De fondo está una mayoría de la población que ha estado ajena al proceso, ¿por qué?•

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