Guerrero

“Aquí, nos negamos a desaparecer”

Guerrero es uno de los tres estados más pobres del país. Junto con la pobreza coexisten la desigualdad, violencia, discriminación, el abandono y la falta de oportunidades para acceder a la justicia, salud, educación y el trabajo digno, lo que resulta en la constante negación del ejercicio de los derechos humanos y colectivos. Todo esto en un contexto histórico de caciquismo económico y político en el que frecuentemente se hace un uso faccioso del poder en perjuicio de los sectores más desprotegidos.

En Guerrero se presentan los escenarios más agudos de la represión militar y política para contener los movimientos de contrainsurgencia surgidos de una conciencia social -autóctona, campesina y magisterial- por el continuo despojo de los beneficios que se obtienen de la producción  agrícola y el saqueo indiscriminado de sus bienes naturales: agua, bosques, cultivos, minerales y concesiones de grandes extensiones de su territorio. En su jurisdicción coexisten nahuas, na savi, mè’phàà y ñanmcue nonmda; todos habitan en municipios con una baja o muy alta marginación. Algunos de sus pueblos no cuentan con energía eléctrica, agua potable, servicios de internet, hospitales cercanos, así como servicios educativos de calidad y con pertinencia cultural.

Foro informativo del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Mixtecapa. María Cristina Hernández Bernal

La población es sometida de manera constante a la discriminación y el racismo: tratos denigrantes hacia las personas por su apariencia, color de piel, el uso de huaraches y vestimenta tradicional, por la dificultad para expresarse en el idioma ‘oficial’ y por preferir como medio privilegiado de comunicación la lengua materna. Estas condiciones resultan en una exclusión marcada de ciertos sectores socioculturales. La diversidad y la diferencia cultural es directamente proporcional a los más altos niveles de marginación, pobreza y exclusión; sinónimo del atraso, la precariedad y la ignorancia para una ideología moderna que asocia a las culturas originarias con esas características.

Esta parte del país se ha cubierto de los más salvajes escenarios de violencia dirigidos por militares y policías ministeriales: la masacre de Iguala; la práctica de tierra arrasada; la masacre de copreros en Acapulco; la masacre de Atoyac; la operación Rastrilleo; la operación Amistad; el plan Telaraña; la masacre de Los Piloncillos; la matanza de Aguas Blancas y El Charco en la década de los noventa y más recientemente la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las desapariciones forzadas han sido una política de Estado en Guerrero; misma que se ha acrecentado en años recientes por el asalto del narcotráfico que ha contribuido de manera tajante y directa en el desplazamiento masivo de comunidades campesinas y pueblos originarios en la región de la Sierra, Tierra Caliente, Costa Grande y Montaña Baja. La política de seguridad y protección para los sectores más necesitados de estabilidad y bienestar no sólo ha fallado, sino que ha ido en su contra al dejarlos solos para enfrentar los abusos de autoridad y del crimen organizado.

Guerrero ha transitado por distintos momentos en los que el despojo de sus bienes productivos ha recrudecido las condiciones de vida de su población, especialmente de los pueblos originarios, cuya tragedia se centra en la explotación de los bosques y la minería a cielo abierto. Se ha restringido el uso y disfrute de los bienes naturales a través de las áreas naturales protegidas y el pago por servicios ambientales que se han instaurado mediante información tergiversada, engaños y sin un proceso de consulta previa y libre. Esta problemática se vive en regiones como La Montaña, donde a la alta biodiversidad se le suma un mosaico cultural en el que conviven pueblos mè’phàà, nahuas y na savi y en la Mixteca-Nahua-Tlapaneca, donde hay ecosistemas con especies endémicas y algunos de los municipios más pobres del país, como Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte y Acatepec. A esta región han llegado múltiples programas sociales, sin embargo, a decir de los pueblos: “la pobreza sigue igual, la marginación sigue igual, la exclusión sigue igual y eso que siempre se anda anunciando apoyos e inversiones y programas, pero todo sigue igual”.

Las políticas sociales y de desarrollo dirigidas a los pueblos originarios han contribuido de manera mínima a la trasformación de sus condiciones de vida. Una de las causas es su aplicación extremadamente vertical y jerarquizada, ya que los recursos se van repartiendo entre las cúpulas de poder que atraviesan la estructura institucional. Programas que se planean sin un trabajo de campo previo para situar las problemáticas, que no incluyen a la población a la que están dirigidos y se presentan como estrategias impositivas de lo que el Estado considera “mejor para ellos”. Además de tener como marco de referencia una visión occidental del bienestar y el desarrollo, nunca se considera el papel que tiene la cultura en la definición de los proyectos y las visiones étnicas de bienestar, es decir, las políticas nunca han sido adecuadas al contexto cultural en que serán aplicadas. Un ejemplo de las políticas fallidas son los múltiples conflictos socioambientales esparcidos por el estado, una brecha simbólica y política ocasionada por la invisibilidad de los pueblos frente a la toma de decisiones respecto al manejo de su territorio, cuyas implicaciones se manifiestan en la crisis de las relaciones entre los sectores sociales e institucionales involucrados y de la praxis del bienestar, la autonomía y los derechos culturales.

La realidad de los pueblos es la no participación en temas de reconocimiento a la identidad y la construcción regional; de lo que se considera o no patrimonio; de lo que entienden por desarrollo y bienestar; de las políticas educativas y económicas. No se les reconoce su autogestión en las formas de gobierno y justicia, así como su evidente apropiación cultural del territorio. En Guerrero la atención se ha centrado en la riqueza cultural de los pueblos de la que pueden sacar algún provecho, la que es susceptible de entrar a los sistemas mercantiles y con la que se puede lucrar mediante el turismo. Lo demás pertenece a lo que despectivamente llaman “la indiada”.

El respeto a las reivindicaciones étnicas es uno de los puntos nodales para la transformación de las condiciones de exclusión, discriminación y violencia. Por lo tanto, el nuevo gobierno debe asumir un papel distintivo en este sentido, sobre todo porque la discriminación tiene un marcado sentido de privación de la dignidad y de los derechos fundamentales de las personas o grupos sociales que se caracterizan como los otros. Abandonar de manera definitiva los procesos de imposición e integración cultural para corregir el rumbo perdido desde hace décadas, creando nuevas condiciones de gobierno en donde las políticas públicas sean empleadas para fortalecer las estructuras que sustentan la diversidad cultural.

Es pertinente considerar los ámbitos educativo y lingüístico como ejes estratégicos para establecer una nueva relación Estado-Pueblos Originarios. La educación con pertinencia cultural permite ofrecer una oportunidad para incluir otras visiones y percepciones del mundo, como modelos explicativos de otras realidades; por ejemplo, el marcado sentido de la colectividad y cohesión comunitaria frente al individualismo neoliberal. La política educativa en las regiones donde habitan los pueblos originarios de Guerrero debe contar con un presupuesto que ayude a tener un magisterio comprometido y bien pagado, materiales pedagógicos pertinentes y escuelas en condiciones óptimas para el aprendizaje de los alumnos.

En el caso de las lenguas maternas, una política lingüística asertiva permitirá impulsar el reconocimiento de estas como medio de expresión privilegiado de los hablantes de los pueblos originarios, como campo de sentido, identidad y conocimiento. Es un hecho comprobado por los profesores bilingües en Guerrero que los niños y jóvenes aprenden mejor cuando se les enseña en su lengua, además de que eso conlleva un significado más profundo: una nueva conciencia étnica positivamente valorada.

En años recientes, los grupos étnicos del país han mostrado un enorme interés y necesidad de que sus lenguas y modos de vida sean respetados y valorados. En el ejercicio de un derecho pleno para reducir las condiciones de vulnerabilidad, la promoción y aceptación de las 365 variantes lingüísticas es también una vía para debilitar el autoritarismo centralista de todos los gobiernos anteriores. En la vida pública, los hablantes encontrarán beneficios en ámbitos como de salubridad, educación e impartición de justicia. Para ello es imprescindible normalizar el uso de la lengua materna en sus ámbitos territoriales para frenar las situaciones de maltrato por discriminación, para que puedan tener libertad para ejercer con normalidad su opción lingüística. Que no sean obligadas y obligados a hablar en español para acceder a los servicios que por derecho les corresponden. “Xkuà’ni najuma’xo ikháánxò’ tsí júwaxò’ ná inuu numbaa, tsí nandaxò’ rí maxá jáñu xuajian ló’, anjgáa ló’. Xkuà’ni nuthanxo’ xí mudxawiìn xàbò tsí nuthañajuun inuu Mixií”:

”Éste es nuestro pensamiento, nuestro mandato para los que ahora nos dirigen. Nosotros, lo que nos negamos a desaparecer”.•

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