Morelia, Mich., Tres comuneros de Nahuatzen, dos de ellos integrantes del Concejo Ciudadano Indígena (CCIN), llevan casi seis meses en prisión acusados de sabotaje, robo calificado y hurto de vehículo, por integrantes del ayuntamiento con quienes sostienen una disputa por el poder. Se trató de un asunto de mala fe y meramente político, aseguró Roberto Arriola Jiménez, integrante del CCIN.

Dijo que José Luis Jiménez, José Antonio Arriola y Gerardo Talavera, fueron detenidos entre el 11 y el 14 de noviembre por participar en la gresca del 1º de noviembre que protagonizaron seguidores del CCIN y simpatizantes del alcalde perredista recién fallecido, David Otlica Avilés, pero ninguno de ellos estuvo en ese alboroto.

Manifestó que los delitos fueron fabricados y totalmente infundados por la síndica María Elena Avilés, quien presentó la denuncia a base de mentiras, pues existen las pruebas y fundamentos para lograr su liberación el 7 de mayo, cuando se realizará el juicio intermedio, fecha en la cual existe la posibilidad de que la parte acusadora se deslinde o se desista.

Por su parte, el vocero del CCIN, Efraín Avilés Rodríguez, dijo que el 3 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Morelia y se le entregaron los tres expedientes de sus compañeros, lo mismo que a la senadora Nestora Salgado; ahora pedimos al Presidente que nos ayude porque sin duda se trata de presos políticos.

Confió en que la situación cambie, pues cuando se supo que el alcalde Otlica Avilés había sido ultimado el 23 de abril, hubo linchamiento contra los concejeros de Nahuatzen, pero al resolverse su homicidio casi de inmediato, los 250 policías que envió el gobierno de Michoacán sólo estuvieron dos días en la comunidad y ahora únicamente seis uniformados resguardan el orden.

Avilés Rodríguez dijo que confía en que sus tres compañeros sean liberados, pues la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de diciembre a la fecha ha logrado la excarcelación de 16 presos políticos en la revisión de 368 casos de personas privadas de forma ilegal.

Mientras, representantes comunales de Sevina, Comachuén, Arantepacua y Nahuatzen entregaron un documento al Congreso del estado en el que pidieron respeto a su autonomía en la designación de sus autoridades y en el manejo presupuestal que les corresponde como pueblos originarios, tal como lo aprobaron en 2018 autoridades electorales de Michoacán y la Suprema Corte.