a relación entre el gobierno y los medios de comunicación mexicanos, salvo honrosas excepciones, se ha caracterizado por ser una larga historia de favores, prebendas, componendas o francas complicidades.

Durante la segunda mitad del siglo pasado, y lo que llevamos del presente, gobiernos y dueños de medios de comunicación en México tejieron una relación de poder en la que el dinero público marcó la pauta y permitió, a la par, el encumbramiento de políticos y el enriquecimiento de empresarios metidos al negocio de la información, así como de muchos periodistas.

Esa red de poder fomentó también el surgimiento súbito de auténticos emporios construidos al amparo del erario. Los empresarios de la comunicación pusieron sus medios al servicio del poder para apoyar o destruir administraciones y/o carreras políticas, según el caso, y así verse favorecidos, a cambio, con dinero público y contratos diversos que hicieron crecer no sólo sus fortunas personales, sino otros jugosos negocios que nada tienen que ver con la información ni con el periodismo.

Al mismo tiempo, el fenómeno soportó –y soporta– la existencia y supervivencia de medios de comunicación regados por todo el país sin influencia alguna. Periódicos y revistas sin lectores; radiodifusoras carentes de audiencia y televisoras que han comenzado a resentir el impacto explosivo de las redes sociales.

La Presidencia de la República publicó la semana pasada el acuerdo por el que se establece la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, la cual parte de la reducción, a menos de la mitad, del presupuesto ejercido durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esta decisión, que había sido anunciada con anterioridad por Andrés Manuel López Obrador, ha confrontado ya a algunos medios con el gobierno, provocado severos ajustes presupuestales en las empresas de la comunicación y, lo más preocupante: el cierre de plazas de trabajo y el consecuente despido de centenares de trabajadores.

En el documento se precisa que la finalidad de la Política de Comunicación del actual gobierno es acabar con la selección discrecional en la contratación de medios, ejecutar una distribución equitativa de la publicidad oficial e implementar una estrategia que pondere la honestidad como premisa básica.

El acuerdo establece que debido a la política de austeridad, el límite en el gasto de publicidad institucional no debe rebasar 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por el Congreso. “La austeridad en materia de comunicación social en el gobierno federal –señala– se llevará a cabo mediante la disminución del gasto en dicha materia, así como con el aprovechamiento al 100 por ciento de los tiempos oficiales y en la optimización de los recursos”.

Prohíbe asimismo que un medio de comunicación concentre un porcentaje mayor al 25 por ciento de la totalidad de la pauta publicitaria para una campaña particular a cargo de una dependencia o entidad federal.

Una transformación menos pervertida, más justa y democrática, como la que se plantea, debe sustentarse en criterios objetivos que garanticen un cambio profundo en las prácticas institucionales.

Para organizaciones especializadas en la materia, como Artículo 19 y Fundar, esta política tiene avances importantes, pero no garantiza el final de una relación viciada entre medios y el gobierno.

La Política de Comunicación Social presenta apuestas interesantes en la intención de lograr relaciones más sanas entre gobierno y medios de comunicación. La democratización de una sociedad pasa necesariamente por la democratización de sus medios y, desde luego, por una relación más abierta y transparente de éstos con los gobiernos.

Esto es apenas un primer paso que, me parece, quienes estamos inmersos en la tarea de comunicar, debemos apoyar. Es el inicio de un cambio, con buenas y justas intenciones. El camino será largo y, sin duda, complejo y sinuoso.