El primero de febrero de 2015, dos elementos de la Policía Federal (PF) irrumpieron violentamente en un domicilio particular en Iguala, Guerrero, para detener a un hombre, contra quien cometieron graves violaciones a sus garantías al torturarlo y violentarlo sexualmente, al grado de que le introdujeron un palo por el ano.

Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 19VG/2019 dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, por violaciones graves a las garantías de libertad, seguridad personal y legalidad, por, detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura y violencia sexual en agravio de la víctima.

La recomendación también se envió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al presidente municipal de Iguala, Antonio Salvador Jaimes, por el ineficaz acceso a la justicia para el agraviado.

Tras investigar los hechos y revisar opiniones especializadas en medicina y sicología, la CNDH acreditó que la grave actuación de los elementos de la PF generó en la víctima alteración en su integridad física y emocional debido a la tortura y violencia sexual infligida, lo que cobra mayor relevancia porque dicho personal del servicio público está encargado de proporcionar seguridad a los ciudadanos.

Además, concluyó que autoridades de la entonces Procuraduría General de la República omitieron la remisión del desglose de la averiguación previa al área correspondiente de esa institución para que se iniciara la investigación con motivo de la denuncia del delito de tortura que la víctima realizó cuando declaró ministerialmente.