La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la cancillería, Martha Delgado, advirtió que no corresponde al Poder Judicial emplazar al Ejecutivo para que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) para atender casos individuales por ese delito.

Lo anterior, ante una resolución judicial en favor de la familia de cuatro desaparecidos, en la cual el juzgador federal ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) concluir el proceso para el reconocimiento de dicho comité.

“No es el Poder Judicial el que tiene que indicar al Poder Ejecutivo a qué comités vamos a pertenecer (…) El Ejecutivo no va a poder hacer ejecutorias las sentencias judiciales para aceptar nuestra pertenencia o no a comités en el exterior, cuya facultad es exclusiva de la SRE”, enfatizó la funcionaria en una conferencia ofrecida el martes.

El 28 de enero, La Jornada publicó que el juzgado tercero de distrito en materia administrativa otorgó el amparo a la familia Trujillo Herrera –cuatro de cuyos integrantes están desaparecidos–, en el que concluye que las autoridades federales (de la pasada administración) fueron omisas en realizar los procesos para admitir la competencia del CED, lo que vulnera el derecho de las víctimas para acudir a instancias internacionales como un recurso más para poner fin a la impunidad en este ilícito; otorgó 60 días para acatar el fallo, pero la SRE presentó un recurso de revisión basada en el argumento de Delgado.

Luis Tapia, coordinador de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), organización que acompaña a la familia Trujillo Herrera, lamentó que la cancillería haya perdido la oportunidad de ratificar la competencia del CED y que ahora tenga que ser un tribunal colegiado el que resuelva el asunto.

El abogado convino en que existe coincidencia entre las víctimas y el gobierno federal en la necesidad de aceptar la competencia de dicho comité, pero difieren en la forma.

Subrayó que la resolución judicial no disputa la facultad de la SRE de conducir la política exterior de México, lo que sí asienta es que dicha estrategia debe basarse en principios de derechos humanos.

El intérprete de esos principios es el Poder Judicial para hacer ver al Ejecutivo cuáles necesitan aplicarse en la política exterior., puntualizó.

Tapia destacó que el propio gobierno federal ha reconocido la crisis que se enfrenta por las desapariciones forzadas. Y ante ello, debería reinterpretarse el principio judicial de relatividad de sentencias (que marcan que un amparo sólo favorece a quien lo tramita) en estos casos.