Hoy se llevará a cabo la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP) en una ceremonia encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En términos estrictos será la primera sesión formal, toda vez que no fue posible concretar la pretendida reunión de octubre de 2018 por falta de quórum. En ese momento sólo ocho entidades habían instalado la comisión local y en la actualidad 12 han cumplido, pero algunas sólo en la formalidad, sin personal ni recursos materiales suficientes para cumplir su función, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP).

Es decir, 20 entidades se encuentran en falta desde hace casi un año debido a que debieron instalar su comisión en abril de 2018 de acuerdo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del SNBP.

El sistema es presidido por la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y participan dependencias federales, procuradores y fiscales estatales, así como un consejo ciudadano y familiares de las víctimas de desaparición.

Según la ley, en vigor desde enero de 2018, el sistema debe trabajar con ocho herramientas, de las cuales sólo existe una a plenitud: la Alerta Amber. El resto, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas y el Banco Nacional de Datos Forenses, está en incipiente construcción.

El propósito de esa ley y de sus principales bastiones es definir las competencias y coordinación entre autoridades de los distintos órganos de gobierno. Según la misma norma, el sistema debe sesionar de manera ordinaria cada seis meses y cumplir con 17 atribuciones legales.

Los retrasos en la construcción y puesta en marcha de los mandatos de ley para atender el problema que incluye, de acuerdo con el primer y único informe público de la CNBP, una lista de 40 mil 180 desapare-cidos, se adjudica fundamentalmente a los gobiernos estatales. De hecho, las comisiones locales debieron entrar en funciones el 17 de abril de 2018.

En enero, las entidades que habían cumplido con la instalación, al menos básica de su comisión local eran Coahuila, estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro. Estaban en vías de hacerlo Baja California, Tamaulipas, Veracruz y Tlaxcala.