l calor del debate presupuestal 2019 –frente a diputados– el secretario Carlos Urzúa sostuvo –entre otras cosas– que las universidades no planeaban adecuadamente sus pensiones. En boca del principal responsable de las finanzas públicas y primer responsable económico de la 4T, su dicho exige tres aclaraciones.

Primera. En el periodo neoliberal no fueron las universidades, sino sus autoridades (rectores), la Anuies (conformada con esas autoridades), la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) y la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) –siguiendo a la SHCP– quienes operaron directamente la fallida planeación pensionaria.

En 2015 –desde la Anuies–, José Aguirre observó que los recursos para sanear las pensiones deben incrementarse: lo deseable es que el fondo para reducir pasivos –etiquetados al Programa U081– crezca, porque las universidades hacen un gran esfuerzo. Tienen mesas con sindicatos y les remiten estudios actuariales para compartir la misma noción de riesgo. En 2016 el fondo, afirmó, ha permitido avanzar en 21 reformas.

Posteriormente, el actuario Francisco Aguirre –Valuaciones Actuariales– diagnosticó que todas las universidades tienen sistemas prácticamente quebrados: lo más grave es la deuda oculta. Hay 21 reformas para generaciones actuales y 27 para futuras. Un cambio, señaló, es el salario regulador para que los trabajadores no se jubilen con el último, sino con el promedio de los últimos cinco años. Y agregó: los 12 mil millones de pesos canalizados –durante 15 años– por el gobierno son cacahuates frente al pasivo. Estoy convencido de que el gobierno tendrá que entrarle al tema.

Simultáneamente, Jaime Valls, secretario general de la Anuies, aseguró que el fondo generó ahorros casi de 50 por ciento de los sistemas, pero se requieren montos extraordinarios; mientras el actuario Aguirre argumentaba: hoy se destina 30 por ciento a jubilados porque la ley permite –a docentes y administrativos– retirarse a los 45 años de edad. Ello genera gran gasto: los jubilados universitarios representan 13 puntos del PIB.

Por su parte, Valls propuso superar que cada institución atienda el asunto aisladamente. En 2016, después de escuchar al actuario Aguirre, la Contu (92 sindicatos, 250 mil trabajadores) signó el Acuerdo de Guanajuato que contempla atender de inmediato las pensiones universitarias.

Segunda. Apenas en noviembre de 2018, el diputado Romero Hicks (PAN) convocó a esa cámara al actuario Aguirre, quien repitió su manida receta: el objetivo del Fondo U081, sostuvo, es incentivar reformas frente a los sistemas de privilegio que amparan a servidores públicos y universitarios (82 por ciento del PIB). El actuario, remató, utiliza la frialdad de las matemáticas para garantizar la calidez de la seguridad social. Y en efecto, de acuerdo con el contrato de servicios profesionales 036/17, Aguirre cobró 969 mil 905 mil pesos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para revisar, asesorar, dar seguimiento al reglamento y fondo de pensiones/jubilaciones.

Del secretario Urzúa se aguarda otro emplazamiento del asunto público concordante con la 4T y no la misma receta responsable de que las universidades no planeen adecuadamente sus pensiones.

Tercera. El actuario Aguirre quiere seguir reformando como en el arco neoliberal. ¿Lo permitirá la 4T que encabeza Urzúa? Una ruta alternativa consistiría en evitar que volviera a ocurrir que, primero, las autoridades universitarias, la Anuies y la Contu, en abierta complicidad con la SEP y la SHCP, siguieran sosteniendo esa noción de riesgo en detrimento de lo que corresponde a los trabajadores universitarios.

Esa ruta llevaría a conformar, después, una comisión de estudiosos en pensiones que, aplicando corte de caja a las reformas neoliberales, dote de futuro pensionario a los jóvenes y garantice derechos de quienes pasarán a retiro. Así podrían atenderse las pensiones universitarias remitiéndolas al asunto más general que las enmarca: el fallido desempeño del Sistema de Ahorro para el Retiro y la urgencia de reformarlo, incorporando ahí mismo el futuro de las pensiones universitarias.

El secretario Urzúa debe tomar cartas ya y evitar el lenguaje impreciso del que se sirvió en su comparecencia ante el Poder Legislativo. El debate sobre pensiones universitarias constituye un asunto público de urgente atención. La prioridad estratégica de la educación superior impide reducirlo a valuaciones actuariales y nociones de riesgo, donde muchos pierden y pocos ganan.

Ese debate debe conducir a una solución –con horizonte de largo plazo– a la altura de todos los actores involucrados en su futuro, especialmente la SHCP, y extendiendo la seguridad social integral a los jóvenes.

El impacto pensionario de los convenios de rescate por única vez, suscritos por la SEP con ocho universidades en agudo déficit financiero (9.1.19), son tema de un análisis posterior.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco