Las condiciones que viven los extranjeros indocumentados detenidos en estaciones migratorias son similares a las que llevan las personas que son recluidas en cárceles, expone un reciente informe de las organizaciones Sin Fronteras, Fundar y Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal).

En el documento La detención migratoria: un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público, las organizaciones exhiben una falta de transparencia y eficacia en el ejercicio del presupuesto, pues el gasto público que representa la detención migratoria es millonario; sin embargo, la información presupuestaria es insuficiente.

Al hacer una valoración del sexenio 2012-2018, reportan que en los últimos cuatro años el presupuesto del Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido de entre 2 mil 300 y mil 700 millones de pesos, y sus gastos han sido entre 4 mil 308 y 5 mil 276 millones de pesos.

Así, advierten una brecha inusitada que se presenta debido a que al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación se asigna sólo una parte del gasto del INM: los servicios personales. Durante el año, el instituto recibe más para sus gastos de operación, algo que se explica por el cobro de derechos por servicios migratorios.

Esto no permite una planeación transparente y tampoco un ejercicio eficiente de los recursos, de manera que es imposible priorizar el gasto en relación con los DESC (derechos económicos, sociales y culturales) y conocer si los planes o medidas tendrán algún beneficio para las personas migrantes. Así, la naturaleza compleja del presupuesto del INM representa en sí misma un obstáculo para garantizar derechos, expone la investigación.

Al retomar cifras de la Unidad de Política Migratoria, señalan que en 2018 hubo más de 138 mil 612 detenciones en territorio mexicano.

Para el desarrollo del análisis comparativo entre las condiciones de privación de la libertad de migrantes y las personas que se encuentran en situación de reclusión, el equipo de investigación estudió pesquisas propias, así como de la CNDH, Inegi o el Consejo Ciudadano del INM.

En este contexto, encontraron que en ambas poblaciones alrededor de un tercio de las personas han sufrido algún acto de discriminación por parte de las autoridades. Asimismo, en los procedimientos de detención se incumple la obligación de fundar y motivar el acto. Además, se han identificado prácticas de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Reportan que tanto los centros penitenciarios como las estaciones migratorias carecen de infraestructura, higiene y servicios adecuados. A su vez, las personas carecen de alimentos en cantidad y calidad suficientes. También las opciones educativas son limitadas o inexistentes.

Exponen que la imposición de medidas cautelares privativas de la libertad continúa siendo la regla y no la excepción.

La privación de la libertad tiene un impacto irreversible en la salud de las personas que la han vivido, pues se omite de manera sistemática la revisión médica de ingreso o no se cuenta con un registro adecuado de la misma en ambas instalaciones.

La detención migratoria produce daños incalculables en las vidas de las personas, sin importar si es llamada presentación, alojamiento o aseguramiento, o si los espacios para privar a las personas de la libertad son llamados estaciones, centros de internamiento o casas de alojamiento temporal para extranjeros, argumentan.