16 de febrero de 2019     Número 137

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Hablan los actores del sector pesquero

Milton Gabriel Hernández García

Pescadores organizados y agrupados en cooperativas, federaciones y confederaciones pesqueras, así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil, comparten a l@s lector@s de La Jornada del Campo su perspectiva en torno a las problemáticas más importantes que aquejan a este sector, así como una serie de propuestas de solución que eventualmente podrían ser retomadas por los diversos actores que confluyen en esta actividad, incluyendo, por supuesto, a las autoridades gubernamentales que tienen atribuciones en esta materia.

Jesús Camacho
presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (Conmecoop)

La pesca ribereña es fuente de bienestar para cientos de comunidades costeras y es pilar para el desarrollo económico de distintas regiones del país. Emplea directamente a más de 300 mil pescadores en todo el país y contribuye a la alimentación de los mexicanos, ya que dos de cada cinco pescados y mariscos que llegan a nuestras mesas provienen de una pesquería ribereña. La pesca ribereña mexicana es pionera en la adopción de un manejo sustentable que contribuye a conservar los recursos del mar y al bienestar de las comunidades que dependen de ellos. Más de veinte pesquerías mexicanas ribereñas cuentan con certificaciones que acreditan que capturan bajo medidas sustentables o que se encuentran en ese camino. Buena parte de la producción ribereña llega a EUA, Francia, España, Italia, Japón, China y otros mercados en Asia. A pesar de ello, existe un profundo desconocimiento y subestimación de las contribuciones de la pesca ribereña, lo que limitan su de crecimiento y la aísla de las decisiones de política pública.

Es necesario reposicionar a la pesca ribereña como una actividad estratégica. Esto solo lo lograremos si autoridades, pescadores, academia, organizaciones, comercializadores, consumidores y todos los involucrados en la cadena productiva de la pesca, actuamos y trabajamos por este objetivo. La primera acción urgente es trabajar en un ordenamiento de la actividad que empiece por tener claro cuántos somos, qué pescamos, dónde pescamos, cuántas embarcaciones hay, cuántos permisos existen (por cooperativa y por permisionarios), con el fin de ordenar la actividad, sometiéndola al cumplimiento de las normas. Esto debe ir acompañado de procesos participativos que involucren a todos los actores en la toma de decisiones, para asegurar productividad, mejores ingresos, fuentes de empleo estables y mayor bienestar social. Con ello contribuiremos a disminuir las desigualdades.

Es necesario combatir el gran flagelo de la pesca ilegal que desacredita la imagen del pescador legal y responsable, desincentiva el manejo sustentable y afecta a las especies marinas. Debemos impulsar mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional y usar la ciencia y la tecnología para respaldar la actividad, privilegiar la sustentabilidad y mejorar la inspección y vigilancia de nuestros mares y costas. También Otro se requiere una mayor inversión en tecnología e infraestructura que incremente la productividad, acompañada de la capacitación de pescadores y pescadoras en materia de mercados y cadenas de valor, que reduzca los intermediarios y posibilite una mayor derrama económica directa y equitativa.

Desde la Conmecoop pensamos que el futuro de la alimentación está en nuestros mares, pero el consumo no ha alcanzado su potencial porque los mexicanos desconocen la amplia oferta de pescados y mariscos nacionales de gran calidad, sabor y buen precio. Desgraciadamente, se prefieren los productos extranjeros de menor calidad y precio. Es necesario poner en marcha campañas informativas que promuevan el consumo de especies de temporada, así como programas para diversificar la oferta hacia especies distintas a las que consumimos. El sector ribereño está comprometido con la seguridad alimentaria, genera empleos dignos y seguros y contribuye al cuidado de lo que obtenemos de nuestros mares.

José Luis Carrillo Galaz,
vocal financiero de la Conmecoop

Estadísticamente tenemos datos de Conapesca, pero siempre hemos sido críticos de las cifras que maneja, pues no son reales. Cada federación por región tiene estadísticas propias que nos acercan más a la realidad que las cifras oficiales. Nadie sabe cuál es realmente el esfuerzo pesquero a pesar de las estadísticas de Conapesca y de los datos de Capitanía de Puerto acerca de las embarcaciones. No hay un padrón real o confiable de embarcaciones. Sobre la cifra que ha manejado Conapesca de 350,000 pescadores no coincidimos, no sabemos cómo sacaron ese número cuando no hay un programa de credencialización. El único documento que te expiden es la Libreta de Mar o tarjetón, pero solo para embarcaciones mayores. No hay manera de saber.

El talón de Aquiles de la actividad es la inspección y vigilancia. Hay unas estadísticas que manejan que el 30 por ciento de la producción se captura de manera clandestina; es importante trabajar fuerte sobre los programas de inspección y vigilancia. Se debe fortalecer la participación comunitaria y los programas de la Conapesca, a fin de contrarrestar actividades al margen de la ley

En cuanto a volumen tampoco hay datos confiables. Independientemente de que se dé seguimiento a los arribos o a las facturas, no todo el producto se está facturando ni está arribando, ni todo esfuerzo pesquero es legal. Solo se pueden documentar los que tienen permiso, pero cuando hablamos de que un 35 % de gente no tiene permiso, esa producción se está manejando clandestinamente.

Es necesario que la pesca sea considerada como un asunto de seguridad nacional. Existen actos que se realizan de manera clandestina y la mejor manera de atacarlos es que las secretarías se involucren. Existen importantes pérdidas económicas por la pesca clandestina, así como el riesgo para especies de alto valor como abulón, langosta, pepino de mar, entre otros. Es necesario que la nueva administración se siente a dialogar con el sector para avanzar en las diferentes áreas. Estamos a la espera de la agenda que presente la actual administración federal para asegurar la sustentabilidad de la pesca y la acuacultura para los próximos años.

Aureliano Aldama,
presidente de la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera

El sector pesquero enfrenta diversas problemáticas a causa de las condiciones climáticas y del nulo apoyo que tuvo con los pasados gobiernos federales. Sus principales necesidades son de infraestructura, apoyo para mejorar la comercialización y exportación. Es necesario que los pequeños pescadores puedan llevar sus productos a otras latitudes. Pese a la falta de financiamiento y apoyos, los pescadores ribereños han logrado exportar a países de Asia, Europa y Estados Unidos. Sin embargo, lo que queremos los cooperativistas es que nuestra producción no se vaya a otras naciones, sino que se consuma en México.

Es necesario eliminar la desigualdad en el presupuesto del sector: recibe 3 mil 600 mdp para todo el país, mientras que otros sectores, como los productores de maíz, cuentan con más de 3 mdp para un estado.

Las autoridades tienen que dejar de otorgar permisos de pesca a personas ajenas al sector y, por otro lado, regularizar a los muchos pescadores que carecen de permisos. Se tienen que acabar los permisos obtenidos por compadrazgos políticos.

Los pescadores ribereños o artesanales solicitamos que se nos deje de perseguir y hostigar cuando realizamos nuestras actividades en las inmediaciones de las plataformas petroleras, pues somos despojados de los equipos y embarcaciones y somos sancionados con altas multas. Las autoridades tienen que entender que las pequeñas embarcaciones no representan ningún peligro para las actividades extractivas. Cuando un pescador es despojado de sus instrumentos de pesca, se afecta a su familia y a su comunidad. Pedimos al nuevo gobierno que cambie esa política. Los que salimos al mar lo hacemos para trabajar; buscamos subsistir, sacar adelante a nuestras familias, garantizar la autosuficiencia alimentaria de los mexicanos.

Se debe ordenar al sector. A quien no cumpla las reglas, retirarle el permiso. No estamos en contra de que más gente pesque, pero no puede ser que gente de fuera de los campos pesqueros tenga permisos y la gente que vive en la comunidad todo el año no tenga.

Algunas organizaciones conservacionistas han querido terminar con la pesca por temas ambientales. Ven a los pescadores como depredadores. Pero no es así. Si a alguien le interesa la sustentabilidad de los recursos es al pescador. Es verdad que han disminuido muchas pesquerías, pero la pesca no está terminada. Podemos utilizar la ciencia y la tecnología para garantizar la sustentabilidad. Estamos de acuerdo con que se establezcan zonas de no pesca, para permitir la recuperación de las pesquerías. La pesca no es contraria a objetivos medioambientales, puede darse de manera sustentable. Hay que difundir las contribuciones del sector pesquero ribereño al desarrollo social, en específico a la seguridad alimentaria.

Es muy importante tener acceso a programas económicos, financieros y sociales, pero también a la construcción del plan estratégico para cada región. Es necesario fortalecer al sector a través de estos programas para mejorar el nivel de vida de los pescadores y garantizar la soberanía alimentaria. Uno de los apoyos más importantes consistirá en seguir reemplazando motores de diésel por ecológicos.

Estamos de acuerdo con los ordenamientos pesqueros, pero se tienen que hacer en campo, en las cooperativas, registrando sus pangas, los socios y los permisos. No se deben hacer desde el escritorio. Es necesario seguir apoyando proyectos de construcción de arrecifes artificiales, para preservar la biodiversidad marina. Son espacios que pueden servir como hábitat para la flora y la fauna. Si no han funcionado, tiene que ver con la negativa de los pescadores industriales, pues alegan que los arrecifes limitan sus zonas de captura.

Los pescadores ribereños estamos comprometidos con la seguridad alimentaria del país, generamos mucho empleo. Sin embargo, sentimos que no estamos siendo valorados. A la fecha desconocemos los planes de trabajo de las autoridades de pesca, lo cual nos genera mucha preocupación.

Rafael Ortiz,
director de Pesquerías del Programa de Océanos de EDF-México

Una de las grandes amenazas a las pesquerías en México es la pesca furtiva e ilegal. Es imperioso contar con medidas de manejo y monitoreo que permitan distinguir claramente las actividades legales de las ilegales. Un paso necesario para revertir este escenario es trabajar en un ordenamiento pesquero que nos permita contar con información precisa sobre el sector: quiénes pescan, cuánto pescan, dónde y cómo. Otra medida recae en el uso de la ciencia para fundamentar la toma de decisiones y de la innovación y la tecnología para generar un cambio a favor de la productividad y la sustentabilidad del sector; un ejemplo de ello es la implementación de dispositivos en las pangas para mejorar la vigilancia o de protocolos específicos para las especies en riesgo o sometidas a fuerte presión. Asimismo, es necesario favorecer la pesca basada en derechos, pues si el pescador tiene el derecho de captura se convierte en el mejor defensor de los recursos marítimos, vigilando que no se terminen, pues ello pondría en riesgo no solo su actividad sino su sobrevivencia.

Otra medida para fomentar un mayor desarrollo económico y social de la pesca es inyectar valor agregado al producto, dotarlo de mayor calidad y competitividad, y acompañarlo de estrategias de mercado que contribuyan a diversificar los productos marinos que consumimos.

Es fundamental promover la restauración de pesquerías a través de la promoción de herramientas de manejo pesquero sustentable que tienen el potencial de empoderar al sector al evitar asimetrías en las cadenas de valor, y de mejorar la toma de decisiones y el aprovechamiento del mercado. Un ejemplo es la pesquería de la curvina golfina en el Alto Golfo de California. Hoy día esta pesquería es una de las más reguladas y ordenadas a partir de métodos selectivos de captura, gracias a los cuales se han incrementado los rendimientos económicos y disminuido costos e impactos negativos.

En resumen, se debe trabajar desde el ámbito político en el diseño e implementación de políticas públicas participativas e inclusivas que apoyen la innovación a favor de la sustentabilidad pesquera en materia de artes de pesca, mercados, monitoreo, vigilancia y manejo. Se debe partir de la experiencia de los procesos comunitarios innovadores que están generando un cambio a favor de la productividad y la sustentabilidad.

Cristina Villanueva,
directora de Alianzas Estratégicas del Programa de Océanos de EDF-México

El 80% de nuestras pesquerías se encuentran en estado máximo de explotación o sobre explotadas. Ello amenaza fuertemente a la biodiversidad marina y a las comunidades pesqueras. Pero no sólo es importante tener claridad sobre los casos específicos de pesquerías sobre explotadas, sino de casos de éxito de pesquerías que toman en cuenta a todos sus actores e incluyen herramientas de manejo como cuotas de captura y refugios pesqueros, entre otras. El éxito de estas pesquerías también recae en su capacidad de fundamentar el manejo pesquero en la mejor evidencia disponible, por lo que resulta primordial la generación alianzas para compartir información entre todos los actores -académicos, gobierno, comunidades, organizaciones y partícipes en la cadena de suministro-, a favor de una mejor toma de decisiones.

Es prioritario identificar soluciones y puntos de convergencia que concilien el uso de los recursos naturales con la conservación de nuestros mares y el desarrollo social. El desarrollo puede ser sustentable, pero para que esta idea permee debemos favorecer un diálogo intersectorial, que promueva la pesca sustentable a través del diseño de incentivos que fomenten que los pescadores reconozcan y reciban de forma tangible los beneficios de aprovechar de forma responsable nuestros recursos pesqueros.

Las alianzas intersectoriales son fundamentales para alcanzar los resultados que deseamos para el sector pesquero y nuestros mares. Éstas tienen el potencial de generar conciencia pública a favor de la sustentabilidad de las pesquerías e implican la construcción de consensos a través de procesos participativos, de colaboración, de apoyo político, de intercambio de conocimientos y fomento de capacidades. En estos procesos se requiere apoyo y colaboración entre diversos actores, incluyendo a los productores, los tres niveles de gobierno, la academia, los medios de comunicación y el sector gastronómico.

Juan Manuel Calderón,
director de Políticas Públicas del Programa de Océanos de EDF-México

En EDF de México promovemos la pesca sustentable desde la perspectiva de una actividad generadora de empleo y bienestar para las comunidades. Partimos del diagnóstico de que apenas 20% de las pesquerías están en un nivel adecuado. Para la cantidad de litoral que tenemos deberíamos estar entre los primeros cinco productores del mundo de pescados y mariscos, pero estamos en el número 16. En AL Chile y Perú hacen un mejor trabajo con sus recursos pesqueros. Producimos 24 mil millones de pesos en productos pesqueros en el país, pero cuando contrastas esto con otras actividades, la pesca representa el 0.8% del PIB. Un solo producto agrícola, como el jitomate, aporta lo mismo que el conjunto de las pesquerías. A pesar de ello, más de 300 mil personas dependen directamente del mar y alrededor de dos millones de mexicanos dependen de la actividad pesquera de manera indirecta.

En México solo producimos 60 centavos de valor agregado por cada dólar que se produce en cuanto a productos pesqueros, mientras que en el mundo el promedio es de tres dólares de valor agregado por cada uno que se extrae del mar. Esto nos indica que la pesca en México es poco sustentable y que no genera alta productividad ni valor agregado. Al ser una actividad de la que dependen tantas personas debería ser foco de atención en lo económico y lo social, lo que implica derechos de las comunidades y la forma en que se organizan.

Tenemos un rezago muy fuerte en materia de vigilancia y legalidad. Ha habido esfuerzos para entrarle a la pesca ilegal, pero sigue siendo un foco de rezago. Se estima que el volumen de la pesca ilegal es del 60% respecto de la legal. La política pública hacia la pesca no ha partido de un diagnóstico real de las comunidades. No tenemos un diagnóstico nacional de las necesidades de las comunidades pesqueras. Hay un desbalance en la manera en que la política pesquera se ha enfocado en el sector industrial, al que se le han destinado importantes recursos, dejando en segundo nivel de prioridad al sector ribereño. La política pública ha estado enfocada en mejorar la productividad pesquera y no la sustentabilidad o el valor agregado. Ese enfoque ha ayudado a los pescadores que tienen una condición precaria pero más desde el punto de vista de la asistencia que de generación de capacidades.

Un tema central es la corrupción en las instituciones de gobierno en materia pesquera. Otro gran rezago es la falta de información. No habrá un buen ordenamiento si no contamos con información confiable.

El pescador tiene que estar en el centro de las decisiones y eso no ha sido así en nuestra política pesquera. No ha habido una perspectiva de fomento a la participación social en la toma de decisiones. Se debe fortalecer la participación en los comités estatales, regionales y locales. Si bien ha habido decisiones que han tomado en cuenta a las comunidades, no hay un marco normativo e institucional que lo garantice. Uno de los retos más importantes para transitar hacia la sustentabilidad pesquera tiene que ver con el marco normativo. Hay una ley general de pesca que nos da un marco institucional para el sector, aun cuando el sector pesquero estuvo representado primero en una secretaría, luego una subsecretaría en la Semarnat y después una comisión nacional en Agricultura. Se tiene que definir si continuará como órgano desconcentrado de la Sader o si transitará hacia una secretaría nuevamente. Mientras eso se define, es urgente un reglamento de la Ley General de Pesca, que dé certeza jurídica a las herramientas de manejo pesquero. Ordenamiento y sustentabilidad tienen que ir de la mano y tener fundamento jurídico. Por lo tanto, se deben incluir indicadores que permitan una continua evaluación del desempeño de las pesquerías. Ese marco jurídico tiene que asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.

Se debe continuar con las áreas marinas protegidas y los refugios pesqueros, pues permiten garantizar la sustentabilidad y adoptar prácticas responsables. Pero se tienen que construir con mecanismos de participación social que tomen en cuenta a los actores. Se deben retomar prácticas que ya han generado experiencias en materia de sustentabilidad, como es el caso de la pesquería de curvina golfina o la merluza, basadas en métodos participativos y en información científica.

Se tiene que rediseñar el sistema de inspección y vigilancia para acabar con el cáncer de la pesca ilegal. Se deben reforzar las sanciones a las actividades ilegales, sobre todo con especies protegidas. Es necesario reforzar la vigilancia satelital, la trazabilidad y la automatización de los arribos. Esto tendría que ir de la mano con fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones de pesca.

Se pueden revertir las tendencias negativas en la disminución de especies, como es el caso de la curvina golfina en el Alto Golfo de California. En esta pesquería tenemos ya datos muy claros de recuperación, es un ejemplo de sustentabilidad, basado en trabajo científico, un fuerte componente social y de gobernanza. Es una pesquería que ha logrado incorporar tecnologías de información para monitorear los arribos y el desempeño en general. Otras pesquerías como la del mero en Yucatán están en un proceso decadente, por lo que es urgente tomar medidas para su recuperación. Afortunadamente el gobierno de ese estado ya está emprendiendo acciones junto con las comunidades pesqueras.

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