Personal de la Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes –hoy fiscalía– incurrió en graves violaciones a derechos humanos, tales como aprehensiones arbitrarias, tortura y tratos crueles a personas detenidas y posteriormente recluidas en centros de readaptación social de la entidad. Entre las víctimas hay tres mujeres que sufrieron violencia y tortura sexual.

Así lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 17VG/2019 por violaciones graves a las garantías fundamentales, dirigida al fiscal general de la entidad, Jesús Figueroa Ortega.

La CNDH inició las indagatorias por 186 casos suscitados entre febrero de 2011 y junio de 2014 en esa entidad. Logró entrevistar a 52 agraviados, 27 de ellos señalaron que sufrieron torturas, pero ante el temor a represalias optaron por no seguir los trámites; mientras 25 personas (cinco mujeres y 20 hombres) aceptaron que se siguieran las investigaciones, aunque uno finalmente se desistió.

Respecto a las 24 víctimas, con independencia de que fueron inculpados y posteriormente consignados por diferentes delitos, narraron hechos en los cuales fueron objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes e incluso sufrieron abusos de índole sexual, para obligarlos a firmar documentos en los cuales se autoincriminaban de diversos ilícitos, y en otros casos, aun cuando aceptaban haber participado en ellos, de cualquier forma eran torturados. Los abusos se dieron en instalaciones de la procuraduría o mientras los detenidos estaban en arraigo, con independencia de la comisión de algún delito o no.

El testimonio de una mujer, detenida el 14 de noviembre de 2011 por policías ministeriales, revela que los agentes la golpearon y amenazaron con hacer daño a sus hijos en caso de que no firmara un documento en que se autoincriminaba por robo a casa habitación. La llevaron a una especie de sótano, le dieron toques eléctricos, la tiraron al suelo y le quitaron la ropa de la cintura hacia abajo para violarla con algo duro como un tubo, lo que le causó un gran dolor. Para detener el suplicio, decidió firmar.

Tras analizar las pruebas del expediente de queja, la CNDH acreditó violaciones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por detención arbitraria, en nueve casos; a la seguridad e integridad personal por tortura (14) y por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes (dos); a la seguridad personal e integridad sexual por tortura y violencia sexual, en tres (mujeres), y al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la verdad, en 19. Todas atribuibles a personal de la entonces procuraduría estatal.