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Barcelona, primera gran ciudad de Europa sin Uber
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 2 de febrero de 2019, p. 18

Madrid. Barcelona, segunda ciudad en tamaño del Estado español, se convirtió ayer en la primera gran urbe europea donde no operan los vehículos de las multinacionales Uber y Cabify, convertidas desde hace un lustro en la alternativa de transporte público al tradicional taxi.

Las plataformas empresariales confirmaron el inminente despido de 2 mil 80 personas y advirtieron que la cifra podría llegar a 3 mil 500 en tres meses. Además, acusaron al gobierno catalán, del nacionalista Quim Torra, de haberles propuesto incumplir la legislación que entró en vigor y que se haría de la vista gorda para no sancionarlos.

La pugna entre el sector del taxi y los llamados vehículos de transporte concertado (VTC) en Barcelona la ganaron los taxistas, quienes lograron arrancar al gobierno catalán una nueva legislación, en la cual se establecieron varias limitaciones a los VTC, entre ellas la obligación de tener un margen de 15 minutos de antelación para la contratación de un servicio. Con ello se eliminaría el decreto de negocio que supone para esos vehículos la contratación al momento, lo cual es, de acuerdo con sus representantes, la mayoría de sus servicios.

Los representantes de las multinacionales señalaron al consejero catalán de Territorio, Damiá Calvet, de haberse plegado a los intereses monopolistas del taxi, y lo hicieron responsable del mayor expediente de regulación de empleo en la historia reciente de Cataluña.

Además, denunciaron una supuesta propuesta del propio consejero, quien les habría sugerido que siguieran operando como hasta ahora, sin cumplir la nueva legislación, y que ellos, desde la administración, se comprometían a no multarlos ni dar seguimiento a las infracciones.

Nos ofrecían trabajar irregularmente para que no nos fuéramos y pudiéramos continuar operando en Barcelona. De esta manera, esos señores pensaban cerrar la cuadratura del círculo, indicó el presidente de Unauto en Cataluña.

Explicaron que la decisión hará perder 120 millones de euros anuales a las arcas públicas y otros 310 millones en el producto interno bruto. Asimismo, se plantea que se deberá indemnizar con mil millones de euros a los titulares de autorizaciones, al reiterar que ya están en marcha los estudios jurídicos para la presentación de las querellas contra la administración catalana.

Con el decreto del señor Calvet se destruye todo el tejido industrial del sector VTC catalán. Estamos hablando de decenas de empresas y muchos autónomos titulares de autorizaciones que ven desaparecer su derecho a ganarse la vida dignamente. Y todo porque Calvet ha cedido al chantaje del taxi, añadió.

El gobierno catalán, por su parte, pretende recuperar las licencias para buscar nuevos operadores, dispuestos a cumplir la regulación del sector recién aprobada.

Estas empresas han anunciado que se van, pero las licencias se quedan. Hay vida más allá de Uber y Cabify. Estudiaremos la manera de que no secuestren las licencias, de que no las retengan de manera casi especulativa, dijo el consejero catalán.