La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, admitió que se han cometido abusos en torno a los permisos administrativos temporales revocables (PATR) para el uso y aprovechamiento de la vía pública, por lo que se revisan todos los que están vigentes, otorgados principalmente por la anterior administración.

En conferencia de prensa, señaló que dichos permisos están contemplados en la normativa, pero no implican la apropiación de una vialidad. El problema es que se dan calles o áreas completas que pertenecen al gobierno de la ciudad.

La titular del Ejecutivo local dijo que se analiza también si las contraprestaciones que pagan los particulares por el uso del espacio público son realmente justas y si éstas se determinan con base en un avalúo serio.

Un ejemplo de lo anterior, señaló, es el PATR de la Feria de Chapultepec, que se otorgó hace décadas, donde es necesario que se haga un avalúo adecuado de tal manera que se garantice que la contraprestación que se está pagando sea la justa por la utilización del espacio público.

Por ello, subrayó, no solamente se revisará si es justificable la entrega de un espacio público, sino también cuánto aporta a la ciudad otorgar un permiso a un particular para su uso y aprovechamiento.

Tenemos que revisar lo que existe, los que se otorgaron en la administración pasada, particularmente. No sólo es el tema de patrimonio inmobiliario, sino otras áreas en las que, desde nuestra perspectiva, no debieron haberse dado concesiones, motivo por el cual, dijo, se estableció un grupo de trabajo para analizar dichos permisos.

Señaló que en el caso de la cerrada de Valencia se tiene que examinar toda la parte jurídica, cómo se dio el permiso y en qué condiciones; revisarlo a fondo como lo hemos estado haciendo en todos los casos, expresó.

Agregó que en su gobierno no se tiene contemplado otorgar nuevos PATR, pero de ser el caso, esto se realizará mediante un procedimiento público y un avalúo realizado por una instancia externa, para que se determine la contraprestación económica que deberá recibir el gobierno.