Cuatro historias

El precio de la defensa
de la tierra y el agua

Leonardo Bastida

1 San Pedro Tlanixco es famoso por sus cascadas y su cercanía al Nevado de Toluca. Esa abundancia de recursos naturales provocó que empresas establecidas en la zona buscaran acceder a ellos. Un grupo de personas, encabezadas por el empresario español Alejandro Isaak Basso, obtuvieron una concesión sobre las aguas superficiales del río Texcaltenco, bajo el nombre de Asociación de Riego de Villa Guerrero, por parte de la Comisión Nacional del Agua, desde 1989, cuando decidió que una parte de las aguas del río fueran para los habitantes de Villa Guerrero y sólo tres manantiales y un pozo artesanal para Tlanixco.

Tiempo después, a principio de este siglo, la concesión de los manantiales fue revocada para los habitantes de la comunidad, cuyo topónimo significa “en el haz de la tierra”, bajo el argumento de que ya tenían un pozo y con ese podían satisfacer la demanda de agua de la comunidad. Desde ese momento, el grupo de empresarios de la floricultura prohibió el acceso a las aguas de los manantiales a los habitantes del pueblo nahuatl famoso por su conocimiento sobre los hongos, y donde se ubican estas fuentes de agua y nace el río Texcaltenco.

Inconformes con la concesión, los habitantes del poblado perteneciente al municipio de Tenango del Valle decidieron comenzar la batalla a través de un amparo, pero obtuvieron pocos resultados. Las mesas de conciliación tampoco arrojaron resultados favorables. Las disputas crecieron cuando el 1 de abril de 2013, Isaak Basso llegó en compañía de otras personas de Villa Guerrero a la boca del manantial a reclamar que el agua les estaba llegando sucia.

Ante la alerta, se tocaron las campanas de la iglesia de la comunidad, quienes salieron a ver que ocurría. Varios testimonios coincidían en que la actitud del empresario era violenta, como en otras ocasiones, incluso había hecho comentarios peyorativos hacia los pobladores de la comunidad, llamándoles “indios huarachudos”, entre otros insultos.

La retirada de las personas de Villa Guerrero fue por una zona boscosa, donde había que cruzar un desfiladero. En esa parte del camino cayó Isaak Basso, perdiendo la vida al irse al fondo de un barranco. Debido a que durante el recorrido también iban habitantes de Tlanixco, se culpó a estos de los sucesos.

Al otro día, arribaron a la comunidad decenas de policías, allanando hogares y buscando a los líderes del movimiento de defensa del agua. Esa tarde no detuvieron a nadie, pero dos meses después se llevaron a Pedro Sánchez, remitiéndole inmediatamente al penal de Almoloya de Juárez. En varias ocasiones habían acudido a su casa policías ministeriales y encañonado a su familia para que les dijera dónde estaba Pedro.

Un mes después, se detuvo a Teófilo Pérez González, quien ni siquiera estaba en el lugar de los hechos aquella tarde, pues varias personas aseguran haberle visto alimentando a su ganado al momento en que sonaron las campanadas.

El acoso en la comunidad no cesó y después de las primeras detenciones, continuaron buscando a varios integrantes del Comité de Defensa del Agua. Este fue el caso de Marco Antonio Pérez González, a quien detuvieron en la ciudad de México tres años después de los sucesos, mientras desempeñaba un trabajo de albañilería.

Por la misma fecha, se montó un operativo para detener a Rómulo Arias, quien no estuvo en el lugar de los hechos. Ante su negativa a entregarse, policías ministeriales comenzaron a dar balazos a las paredes del lugar donde se encontraba. Otro de los detenidos en 2006 fue Lorenzo Sánchez, uno de los primeros defensores del agua en la comunidad.

La última detenida fue Dominga González, a quien aprehendieron en 2007. Ama de casa y recolectora de hierbas fue apresada bajo el pretexto de que en las declaraciones de varios supuestos testigos se describía la presencia “de una morena chaparrita” durante los hechos. El día de su captura llegaron a su domicilio más de 100 elementos armados, quienes ingresaron sin mostrar una orden de aprehensión, y en un primer momento, detuvieron a la esposa de un hermano de Dominga, aunque luego dieron con ella tras amenazar a la familia con armas de fuego para que les dijeran dónde estaba.

A Dominga y a sus compañeros se les ha impuesto una pena de 50 años de prisión bajo la acusación de homicidio. Al paso del tiempo, la defensa de los implicados ha encontrado varias anomalías en los procesos de investigación. La que más ha llamado la atención son las reuniones de la hermana de Alejandro Isaak con integrantes de la secretaría de gobernación del Estado de México, en las cuales, han declarado varios testigos, se decidía a quien se detenía, coercionando a quienes acompañaron esa tarde al ingeniero a declarar en contra de los implicados, a pesar de que no estuvieron presentes, pues Isaak Basso se desplazaba solo.

Además, la propia secretaría de gobierno compartía los datos de los futuros acusados, todos ellos pertenecientes al Comité de Defensa de Agua de la comunidad.

2 Sin río. El “pueblo del agua” o “del río”, como se denomina el pueblo cucapá enfrenta el reto de una serie de decisiones gubernamentales que acosan a su cultura. Una de ellas es quitarles la posibilidad de continuar desarrollando su actividad económica principal: la pesca, y la otra es reducir de manera importante el flujo de agua a la delta del río Colorado donde se encuentran asentadas las comunidades del pueblo milenario, presente tanto en Estados Unidos como México (Baja California y Sonora).

Desde hace décadas, se ha controlado la pesca de la curva golfina, bajo el pretexto de que se está protegiendo a la especie, a pesar de que estas comunidades no pescan ni cuatro por ciento del volumen anual de pescado extraído del Golfo de la Alta California. Incluso, se han realizado operativos para decomisar el pescado a las cooperativas cucapás, las cuales comercializan poco de lo extraído, pues almacenan lo obtenido para subsistir a lo largo del año, evitando causar un desequilibrio ecológico.

De acuerdo con Gonzalo, integrante de una tribu cucapá, la pesca es una actividad que siempre ha realizado su pueblo, de la cual obtienen sustento, pues gran parte de su dieta es a base de pescado. Incluso, recuerda que cuando la zona donde habitan se declaró Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California no se les tomó en cuenta a pesar de vivir ahí desde hace cientos de años.

Incluso, denuncia que en otras partes de Baja California, donde también hay tribus cucapá, las empresas vitivinícolas les han despojado de sus tierras, al igual que las mineras.

Pero el despojo que ha sufrido su pueblo, asegura Gonzalo, no sólo es de tierra, sino también de agua, pues las negociaciones entre México y Estados Unidos con respecto a las aguas del río Colorado, el cual nace en las Montañas Rocallosas y desemboca en el Golfo de California, ha derivado en la construcción de múltiples presas a lo largo de los más de 2 mil kilómetros de recorrido y la reciente decisión de vender más de 300 millones de litros a la nación estadounidense, provocando que se reduzca el cauce del río que pasa por las comunidades cucapás.

3 Constante peligro. A propósito del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, celebrado el pasado 29 de noviembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos, resaltó que aquellas defensoras enfocadas en denunciar acciones de industrias extractivas y empresas que en ocasiones conllevan la violación de derechos de grupos específicos, como pueblos indígenas, minorías raciales y étnicas o exacerban la marginalización de comunidades rurales, viven bajo un alto riesgo de ser objeto de ataques y violencia.

Lo anterior se refleja en cifras como las dadas a conocer por Global Witness, a través de su informe ¿A qué precio?, las cuales muestran que en 2017 fueron asesinadas 207 personas activistas de la tierra y el medio ambiente en 22 países, con un incremento de ataques hacia quienes cuestionan los proyectos agrícolas relacionados con el acaparamiento de tierra para monocultivos o expansión de los mismos a costa de tierras comunitarias.

Algunos de los casos recopilados para el documento fueron el de Hernán Bedoya en Colombia, quien recibió 14 disparos de un grupo paramilitar por manifestarse contra plantaciones de palma aceitera, utilizado para shampoos, y de plátano,  en tierras robadas a su comunidad como consecuencia del desplazamiento derivado de la guerra vivida en la nación sudamericana a mediados de los 90.  Hasta el día de hoy continúan las intimidaciones hacia su familia, pues han ido a quemar su lápida.

En el sureste asiático, en Filipinas, en diciembre de 2017, ocho integrantes de la aldea de Data Bonglagon, ubicada en la isla de Mindanao, donde está asentada la cultura T’boli, fueron asesinados a manos de integrantes de la milicia filipina, debido a su oposición a que la empresa Industria Silvicultural, expanda sus terrenos para el cultivo de café y explotación de madera sobre las tierras donde se han asentado por centenas de años.

A un año de los hechos, el panorama no se ha modificado. El pasado octubre, se reportó el asesinato de nueve campesinos dedicados a la plantación de la caña de azúcar en Barangay Bulanon, quienes luchaban por un reparto equitativo de la tierra.

Manos y brazos cortados es el saldo que ha arrojado el conflicto entre integrantes de la comunidad indígena Gamela y hombre armados que trabajan para la familia Sarney, del ex presidente brasileño José Sarney, que desea expandir sus terrenos en la provincia de Maranhao para su empresa de agronegocios.

La situación en México no es muy diferente. Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, a propósito de su visita a México durante 2017, señaló que el sector de defensores criminalizado era el de quienes defendían los derechos de los pueblos indígenas y los derechos a la tierra, agua y ambiente seguro.

“Esto ocurre en el contexto de megaproyectos de extracción, energía e infraestructura. En ocasiones, los defensores me dijeron que las evaluaciones de impacto ambiental no estaban disponibles para las comunidades afectadas”, aseveró y externó su preocupación por el incremento de los mismos ante la negativa de las autoridades y empresas por no revisar los modelos de desarrollo y sustentabilidad ni por tomar en cuenta a las comunidades afectadas.

Datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental indican que entre julio de 2016 y diciembre de 2017 han ocurrido 88 ataques contra defensores de los derechos humanos ambientales, de los cuales, 29 culminaron en un asesinato.

La organización civil señaló que el estado donde hay mayor riesgo para los activistas fue el Estado de México, con diez casos; seguido de Oaxaca y Puebla, con ocho cada uno; luego Chiapas y Sonora, con seis; la Ciudad de México y Yucatán, con cinco; en Campeche, Chihuahua, Guerrero, Jalisco,  Michoacán, Veracruz y Zacatecas con cuatro casos cada uno; en Hidalgo ocurrieron tres; en Baja California hubo dos casos, mientras que, en Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Quintana Roo y Sinaloa se dio un caso por cada entidad.

El pasado septiembre, el gobierno mexicano firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, tratado que incluye disposiciones específicas para proteger a personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades originarias.

El pendiente por parte del Estado mexicano es su ratificación en el Senado de la República.

4 Desaparición. Las empresas mineras no sólo han desaparecido personas para expandir sus zonas de explotación, también han desaparecido comunidades enteras para lograrlo. Un pueblo de apenas resiste los embates es Salaverna, Zacatecas, donde Roberto de la Rosa, quien llegó al lugar cuando era niño, ha luchado por años para evitar que la comunidad sea absorbida por minera Tayahua, de Grupo Frisco de Carlos Slim, que ha argumentado ser dueño de los terrenos donde está asentada la comunidad, y desea establecer una mina a cielo abierto en el lugar que actualmente ocupa la población.

En la misma zona están asentadas vetas de Gold Corp de Canadá, poseedora de la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina, que ha logrado que personas de diversas comunidades dejen sus terrenos a precios muy bajos, ya sea de manera forzada o bien accediendo a trasladarse a unidades habitacionales en áreas circunvecinas en medio de la nada, en casas de 60 metros cuadrados.

Don Roberto ha decidido no ceder a las dádivas a pesar de que han repartido bienes y dinero y de que han enviado bulldozers para derribar las construcciones del lugar, incluida la escuela, las oficinas municipales y la iglesia de Salaverna o las amenazas de que pasará el resto de su vida en la cárcel o de que perderá todo. Ríe de manera irónico y se pregunta si podrá perder algo más o si se llevará algo.

Junto con otras 32 personas permanece en el lugar donde creció. Al pueblo de Salaverna las mineras se lo han ido acabando en tan solo 10 años, algo que ni siquiera ocurrió durante toda la época novohispana, cuando también se extrajo material de manera masiva por más de tres siglos.

“Ahora la tierra, el aire y el agua están envenenados”, asegura Don Roberto, quien explica que cada centímetro de la zona de Mazapil está concesionado y cuyo mayor deseo es que el proyecto de Frisco no se lleve a cabo, pues sabe que otra mina a cielo abierto finiquitará el poco valle que queda, los lugares donde él planta sus chiles y otros productos, y donde afirma, hay innumerables huesos de dinosaurios y de mamuts.

“Nuestra lucha consiste en dejar algo para las próximas generaciones”, recalca el hombre de rostro duro, forjado por el sol, con la idea de que sus nietos no le reclamen por no haber hecho nada cuando se pudo evitar un desastre mayor.

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