El despojo y la nueva provocación a
la comuna ejidal chol de Tila, Chiapas

Jorge Armando Gómez Colaborador del Ejido Tila, comunicólogo, defensor de derechos colectivos, doctorante en desarrollo rural (UAM-Xochimilco)  [email protected]

Caravana del Ejido Tila en defensa de nuestra Tierra y Territorio. FOTO: Ejido Tila

En estos días el Ejido chol de Tila, en la Zona Norte de Chiapas, cumple tres años de haber establecido su autonomía y autogobierno ejidal, luego de haber expulsado al Ayuntamiento Municipal de su territorio el 16 de diciembre de 2015. Este acontecimiento abrió la cuenta de la recuperación de las riendas de su vida comunitaria frente a la violencia y hostigamiento administrados por intereses gubernamentales y caciquiles, que pretenden regresar y reconstruir el Palacio, derrumbado producto de un agravio histórico por el despojo, represión y desprecio acumulado hacia este pueblo chol, milpero.

Para evitar la celebración de un ciclo más de su expulsión, pero también ante la inminente ejecución del amparo ganado por el ejido, que la Suprema Corte de Justicia regresó al juzgado para tal fin, Ayuntamiento y caciques pretenden despojar el nombramiento de los órganos de representación ejidal, que obtuvieron bajo la complicidad de la delegación estatal del Registro Agrario Nacional (RAN), bajo responsabilidad de Zaynia Andrea Gil Vázquez.

Una comisión del ejido que acudió a la delegación del RAN en Tuxtla Gutiérrez, para solicitar una explicación fue informada que se tenía especial atención en el expediente del ejido por aviso de la Secretaría de Gobierno, y que debido a la cantidad de rezagos por falta de personal no pudo ser. Abren el sistema y sorpresa, aparece el trámite inscrito el 12 de noviembre, ese día dictaminado y aprobado, algo insólito en la burocracia agraria y la explicación previa. El funcionario que no daba crédito, e interpelado por la comisión, solo pudo argumentar la intervención de la delegada, salió peor. Mejor levantó el teléfono, pidió que atendieran a la comisión recibida por instrucción de la delegada, y nos remitió a jurídico, donde una y otra vez repitieron que obraban de buena fe. 

Con este despojo de nombramiento creció el conflicto en Tila. El nombramiento además de ser ilegal carece de legitimidad, no cuenta con el respaldo de la asamblea general, no la convocaron, falsificaron firmas y metieron de otras comunidades, engañaron gente, incurrieron en un cúmulo de delitos. El trabajo sucio fue realizado por un grupo de ejidatarios que se ha caracterizado por engañar y estafar a decenas de familias, quienes ahora están a merced de la alianza coordinada por caciques y el ayuntamiento, por tercera ocasión en manos de Limberg Gregorio Gutiérrez Gómez, al que se suman dos periodos más; en uno colocó a su esposa, ahora diputada, y en otro a su compadre.

El proceso autonómico de Tila busca ser ahogado por esta red de operadores y alianzas locales, que han acumulado dinero y poder administrando la violencia, conflictos y desviando los recursos públicos de la contrainsurgencia. Forman parte de un tejido más amplio, que bajo la figura del Partido Verde y priista controla el corredor Chilón, Yajalón, Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua, donde han establecido una red de complicidades con el crimen organizado. Violencia, secuestros y ejecuciones, como la del periodista Mario Gómez en Yajalón, son expresión de esta descomposición.

El autogobierno y autonomía ejidal, la comuna chol de Tila ha permitido que Tila sea una isla en medio de la arbitrariedad, corrupción y delincuencia instituida en la Zona Norte, un pueblo seguro en una región donde cunde la violencia y el cacicazgo paramilitar. Está cuidado por cientos de familias: el pueblo es su propia guardia. Así también la justicia chol, como le nombran, es más efectiva y pareja, se construye con base en el diálogo, el reconocimiento de las faltas, errores y la reparación de daño; la búsqueda de la armonía en la convivencia comunitaria, de relaciones más parejas.  

A diferencia del sistema político, los órganos de representación ejidales, cuyo nombramiento se pretende robar, mantienen un vínculo cotidiano con la asamblea, como el del pueblo con la tierra, siendo choles, que significa milperos. La fuente de legitimidad y legalidad ejidal está viva, se ejerce, es un derecho colectivo garantizado por la Constitución, tratados internacionales y la rasgada ley agraria. Quienes atacan al ejido invisibilizan la autoridad de la asamblea general que se reúne, reflexiona y determina; repiten falsedades en contra de representantes y ejidatarios, aprovechándose del desconocimiento externo y la lejanía de Tila.

Son muchas las manos que levantan el autogobierno, cuidan, limpian, atienden los problemas del pueblo, sobre todo para quienes les entregan el cargo, el servicio de coordinar la realización de estos trabajos, bajo ataques y hostigamientos. Saben que cuentan con el reto de mejorarlo, lograr más participación y organización de los barrios y comunidades, es una apuesta que evidencia la potencia de los ejidos y bienes comunales como regeneradores de la vida política comunitaria.

La denuncia del 30 de noviembre del presunto “Comisariado Legal”, difundido por el Comité Digna Ochoa, al estilo propio de la narrativa paramilitar, pretende engañar, provocar e invocar el estado de derecho. Los administradores del paramilitarismo y la impunidad, es decir la muerte, pretenden reestablecer al Ayuntamiento como forma de gobierno en Tila, que les devuelvan el poder para imponer su voluntad minoritaria sobre miles de familias choles y su comuna ejidal. Quieren presos a ejidatarios y ejidatarias que cuentan con órdenes de aprehensión, acusados de motín y atentados contra el patrimonio..., en un expediente repleto de falsedades elaborado por la fiscalía, Secretaría de Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.

El escrito pretende fincarnos responsabilidades a ejidatarios, mi persona y centros de derechos humanos. En caso de alguna agresión a quienes señalan, o nuestras familias, serán responsables la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas; el C. Limberg Gregorio Gutiérrez Martínez, Presidente Municipal de Tila; el C. Arturo Sánchez Sánchez; así como los CC. Francisco y Genaro Pérez López, quienes son informantes y agentes provocadores; vinculados a quienes componen el Comité Digna Ochoa de Base los CC. Luis Alonso Abarca González y Marcos López Pérez que difunden falsedades y presionan para la aplicación de la fuerza represiva. Como lo señala la organización a la que pertenecieron “conforman parte de los elementos de la policía política en Chiapas, operando bajo la cobertura de la defensa de los derechos humanos, realizando acciones de señalamientos y desorganización”, boletín del FNLS 10 de marzo de 2014. 

Así, ahora que se celebra un año más de la comuna chol del Ejido Tila, la red caciquil y gubernamental vuelve a apretar. Los abuelos y abuelas prenden sus velas para pedir por su pueblo, su tierra y libertad, luces en medio de mucha oscuridad que buscan ser ahogadas. Hace un año en medio también de amenazas, su segundo aniversario lo anudaban al paso de la visita de Marichuy, y la iniciativa del Congreso Nacional Indígena (CNI) y su Concejo Indígena de Gobierno (CIG). Continúan en ese compromiso necesario de florecer alternativas de vida comunitaria.

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