La Cámara de Diputados aprobó ayer la minuta del Senado con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que sustituye a la Procuraduría General de la República (PGR) y separa la función del monopolio de la acción penal y de consejería jurídica del gobierno federal, explicó Morena

Esa dualidad, vigente desde la Constitución de 1917, explica por qué el procurador no termina por resolver en favor de la población ni ha podido cumplir sus funciones en materia de justicia y persecución penal, explicó en tribuna Lucio Palacios Cordero (Morena).

Además, se precisó que la elección del fiscal no dependerá exclusivamente del Ejecutivo, sino que el Senado integrará una lista de al menos 10 candidatos, la cual se enviará al Presidente, quien a su vez elegirá de entre ellos una terna, que deberá ser avalada por esa cámara.

En la discusión del dictamen, PRI y PAN argumentaron que la ley no cumple con la oferta de que el país cuente con una fiscalía autónoma. El coordinador panista, Juan Carlos Romero, afirmó que Morena no respetó el acuerdo de realizar tres modificaciones al dictamen, porque llegó la orden del Presidente de la República de no cambiar nada.

Durante más de cinco horas, Morena rechazó ajustes al dictamen, que se aprobó con 296 votos en favor, 138 en contra y una abstención; se envió al Ejecutivo, para su publicación. Entre las objeciones presentadas por la oposición resalta la obligación del fiscal, contenida en el artículo 6 de la norma, de presentar un plan de persecución penal.

Desde tribuna, la vicepresidenta de la Cámara, Dolores Padierna, expresó que se trata de una estrategia para la atención integral del fenómeno delictivo, porque la PGR no contó con un plan de prevención.

La crisis de inseguridad y violencia que vivimos obedece a la falta de investigación efectiva de los delitos y de capacidad del Ministerio Público para conducir las pesquisas; hay corrupción, negligencia y burocratismo. Las carpetas de investigación no llevan pruebas, sino pura paja, lo que resulta en impunidad destacó.

Explicó que el plan de persecución penal permitirá combatir los delitos de mayor impacto en la sociedad y que más duelen como país, y se convertirá en herramienta de política criminal, sustento de una nueva política de persecución del delito.

El PAN impugnó la figura de coordinador general de las fiscalías, segundo en la estructura de la Fiscalía General, que en ausencia del titular quedará a cargo del despacho mientras el Senado elige a un nuevo fiscal. Padierna explicó que el encargado no tendrá atribuciones de investigar y acusar, porque ésta es exclusiva del Ministerio Público.

Por MC, Juan Carlos Villarreal insistió en que la ciudadanía lleva tiempo reclamando un fiscal autónomo, pues este no debe estar sujeto al gobierno federal o algún otro poder fáctico para garantizar su imparcialidad, indicó.