Constitucionalistas, académicos y expertos en temas de anticorrupción consideran preocupante el diferendo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Legislativo con ministros, jueces y magistrados respecto de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Expresaron que la única instancia facultada para decidir sobre la constitucionalidad de esa ley es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque con este papel el conjunto de ministros será, de cierto modo, juez y parte.

Miguel Alejandro López Olvera, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó que uno de los aspectos de la ley que han causado polé-mica es que prevé la retroactividad en perjuicio de los servidores públicos.

Para el constitucionalista, una norma como ésta no debería aplicarse de manera retroactiva, porque el derecho a la integridad del salario está protegido por las leyes mexicanas y los tratados internacionales.

Irene Levy Mustri, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, señaló que el diferendo causa preocupación, y si bien la austeridad es una demanda legítima de la sociedad, el Ejecutivo está actuando de manera irreflexiva y apresurada, lo cual ha generado un conflicto de consecuencias indeseables.

Dijo que si el presidente López Obrador quiere realizar un cambio profundo, debe darse tiempo para planearlo bien, en vez de insistir en dar resultados inmediatos sólo por motivos políticos.

La austeridad es una estupenda bandera, pero quizás el enfoque es equivocado. Satanizar a aquellos funcionarios que ganan ciertas cantidades y decir que sólo por eso son malos y corruptos, me parece un error, porque contribuye a la polarización, indicó la especialista.

Levy consideró que se debe avanzar hacia la austeridad, pero por medio de la reflexión y sin intervenir en la autonomía de los otros poderes.