La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para eliminar de la Ley General del Servicio Profesional Docente la parte punitiva de la evaluación al magisterio.

De esta manera se incluyó que cuando se identifique insuficiencia en el desempeño de la función docente, se continuarán brindando apoyos para fortalecer capacidades de los maestros.

La presidenta de la comisión, Adela Piña Bernal (Morena) explicó que, con el cambio, los maestros podrán o no presentarse a la evaluación e incluso no aprobarla y no se les retirará el nombramiento.

Al concluir la reunión, que se realizó con sobresaltos ante las protestas de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), refirió que la comisión no aprobó la abrogación completa de la reforma educativa, porque el tema será del próximo gobierno. Este es el primer paso. Hay otras iniciativas más amplias para revertirla en su totalidad.

Refirió que hasta el día 30 de noviembre las autoridades educativas buscan que los maestros se evalúen y por ello es necesario que el Congreso quite las sanciones a los profesores que no sean considerados aptos.

Dijo que si bien desde la 63 Legislatura se presentaron iniciativas para una abrogación completa y plena de la reforma, se requiere un trabajo más profundo.

Por lo pronto, indicó, la modificación –que será presentada al pleno en primera lectura hoy– no se eliminan los procesos de evaluación, “pero sí cualquier viso de punibilidad a partir de lo manifestado por los maestros, quienes solicitan una evaluación formativa y no punitiva.

De esta manera se suprimió del artículo 74 la siguiente disposición: “El incumplimiento de las obligaciones… dará lugar a la terminación de los efectos del nombramiento correspondientes sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades”.

También se suprimió el segundo párrafo del artículo octavo transitorio de la ley, que advierte: “el personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización… será separado del servicio público”.

Al argumentar en contra del dictamen, Cynthia Iliana López Castro (PRI), afirmó que la evaluación no es punitiva, porque incluso da a los profesores tres oportunidades.

Luego, gritó: ¡Muchos de los diputados ni siquiera tienen a sus hijos en escuelas públicas por eso no les importa la evaluación! ¡Ustedes son juez y parte!

Y enseguida se dirigió a la presidenta de la comisión: ¡Usted en 30 minutos quiere quitar la evaluación! ¡Quiero evidenciar que este es el próximo gobierno que está en contra de la educación y los niños!