El Senado demandó al presidente Enrique Peña Nieto que le remita, para su ratificación, el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud en las minas, ya que pese a que la minería es una de las actividades más peligrosas y de alto riesgo en el país, la legislación nacional es insuficiente y ha originado grandes siniestros que en décadas recientes han provocado la muerte de cerca de 4 mil trabajadores.

La propuesta, aprobada en la pasada sesión y remitida ya al Ejecutivo federal, la formuló el presidente de la Comisión de Trabajo, del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, quien insistió en la urgencia de ratificar ese convenio que dará protección a quienes trabajen en todo tipo de minas, ya que la reforma laboral que impulsó en 2012 el entonces presidente Felipe Calderón sólo contiene medidas de seguridad para quienes trabajan en la explotación de carbón.

Lo anterior deja fuera, explicó el senador de Morena, a trabajadores de minas de oro, plata, cobre y otros minerales no metálicos que están expuestos a accidentes.

Gómez Urrutia resaltó que pese a lo establecido en la Constitución, desde hace décadas no se ha castigado a ningún empresario por los siniestros en las minas, como fue en el caso del accidente de Pasta de Conchos, en el que perdieron la vida 65 trabajadores, cuyos cuerpos, en su mayoría, siguen sepultados.

El también dirigente del Sindicato Minero dijo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no guarda memoria de los siniestros y las muertes de los mineros, y menos de las causas que los provocaron. Deliberadamente no hay registro de estas tragedias, lo que garantiza la impunidad de los responsables.

Resaltó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo propuesta por el entonces presidente Felipe Calderón, el 30 de noviembre de 2012, y aprobada luego por Peña Nieto, no consideró sanciones fuertes a los patrones que por dolo o negligencia omiten las medidas de seguridad e higiene en las minas.

Por el contrario, garantizó a los patrones bajos costos en los casos en que los responsables directos de la operación y supervisión de los trabajos y desarrollos mineros dolosa o negligentemente omitan las medidas de seguridad. Sólo deben pagar una pequeña multa.

Son 76 mil 720 pesos cuando la incapacidad permanente sea parcial, en uno o varios obreros, y de 309 mil 260 pesos en caso de incapacidad permanente total de uno o varios obreros.

Insistió en que las condiciones de higiene y seguridad resultan insuficientes en la actualidad. Cuando hay accidentes con heridos o con muertos, los patrones intentan seguir la jornada, sin suspender labores, para evitar investigaciones y tener que comprobar que las instalaciones son seguras para reanudar trabajos.

Se detalla que en algunas minas, como condición para contratar a un obrero, se le obliga a firmar que en caso de accidente deberá aceptar que fue suya la responsabilidad.

Gómez Urrutia recalcó que en muchos casos las explosiones, los accidentes, ocurren por negligencia patronal, ya que los empresarios no quieren invertir en higiene y seguridad de las instalaciones.

Los mineros aportan los enfermos, los heridos y los muertos. Casi nunca son empleados de confianza los que fallecen y menos los patrones. Pero también la población civil de los lugares aledaños a las minas, entre ellos los familiares, son afectados en su salud, al igual que el medio ambiente, por la contaminación industrial en las minas.