Lima. El Congreso peruano aprobó ayer el informe final de la comisión del caso de corrupción Lavado Rápido, la cual recomendó denunciar a 132 personas, entre ellas a los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Los ex mandatarios incluidos en el informe habrían incurrido en los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, así como colusión y lavado de activos.

El Congreso aprobó el texto del informe de la Comisión Investigadora Lavado Rápido, en el que se determina la presunta comisión de diversos delitos a 132 personas, tuiteó el Congreso, y agregó que en el informe están involucradas siete empresas constructoras.

El informe Lavado Rápido da cuenta de presuntos actos de corrupción en diversos proyectos concedidos a la empresa Odebrecht y otras constructoras brasileñas junto a sus consocias peruanas.

Toledo (2001-2006), Humala (2011-2016) y Kuczynski (2016-2018), quien se vio forzado a renunciar en marzo, habrían incurrido en los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, colusión y lavado de activos, de acuerdo al informe.

El documento inculpa a las personas que intervinieron en las presuntos sobornos y dádivas que recibieron funcionarios públicos en relación con concesiones, obras y proyectos que fueron adjudicados a las brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS y otros. Según el documento, éstas ocasionaron al Estado peruano un perjuicio por 15 mil millones de soles (unos 4.4 millones de dólares).

Tras una votación, el Congreso decidió no incluir en el informe al ex mandatario Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y a la lideresa del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunciados por sus presuntos nexos con empresas brasileñas, pese a ser investigados por la fiscalía.

Daniel Salaverry, presidente del Congreso, anunció que el informe se remitirá en los próximos días a la fiscalía y la Comisión de Acusaciones Constitucionales.

La decisión del Congreso peruano de realizar una amplia investigación responde a denuncias periodísticas –basadas en información desde Brasil– que revelaron que algunas empresas brasileñas involucradas en el caso de corrupción en Petrobras fueron acusadas también de pagar sobornos para poder llevar a cabo y ejecutar obras en Perú.

Por ese motivo, el grupo legislativo evaluó por varios meses las finanzas de los representantes en Perú de firmas brasileñas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvão, y de sus socios empresariales peruanos.

Toledo, de 72 años y quien durante su mandato enarbolaba la bandera de la lucha contra la corrupción, es reclamado por la justicia peruana por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. El ex gobernante huyó a Estados Unidos tras ser acusado de recibir dádivas de Odebrecht y tiene una orden de extradición. Perú es uno de los países más afectados por la saga de corrupción de Odebrecht.