Madrid. Barcelona se convirtió de nuevo en escenario de enfrentamiento a raíz de la manifestación convocada por Jusapol, agrupación de policías españoles que reclama la equiparación salarial entre todos los cuerpos policiales del Estado, y que para el sector más radical del independentismo catalán supuso una provocación.

Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) convocaron a sus bases para impedir la marcha policial, lo que derivó en enfrentamientos con los agentes antidisturbios catalanes.

El clima de fractura y crispación sigue muy vivo en Cataluña, lo que provocó que en la capital de la región se registrara un nuevo episodio en el que intervinieron las corporaciones antidisturbios para evitar un choque masivo entre más de mil 500 policías españoles –que reclamaban salarios equitativos en todas las regiones del país, ya que en Cataluña un policía gana una cuarta parte más que en el resto de comunidades– y alrededor de 500 militantes independentistas dispuestos a impedir que se celebrara la marcha reivindicativa.

Durante el enfrentamiento, los independentistas lanzaron un llamado a expulsar a las fuerzas de ocupación, intentaron romper el cordón policial en varias ocasiones y lanzaron bengalas, piedras, huevos y pintura a los agentes, a quienes llamaron hijos de puta.

La situación fue idéntica a la que se vivió hace un mes, cuando también se impidió el enfrentamiento de la policía con separatistas, con más de 50 heridos y seis personas detenidas.

El único incidente grave ocurrió en una estación del Metro de Barcelona, cuando uno de los policías que se manifestó en favor de la equiparación salarial fue agredido y empujado a las vías del tren, provocándole graves heridas en la cara y la cabeza. Al parecer, un grupo de independentistas encapuchados atacaron por la espalda al agente español.

En otro orden, más de mil personas protestaron ayer ante la sede del Tribunal Supremo español en Madrid contra su reciente decisión controvertida que favorece a los bancos. La manifestación fue organizada, entre otros, por el partido de izquierda Podemos, con el lema Por una justicia independiente.

Me indigna, me gustaría que me devolvieran mi dinero, me siento robada, exclamó una restauradora de arte que aún no termina de pagar su préstamo inmobiliario.

El Tribunal Supremo revocó el martes pasado una decisión adoptada en octubre que obligaba a los bancos, y no a sus clientes, a pagar un impuesto ligado a la firma de un crédito inmobiliario.

El gobierno del PSOE de Pedro Sánchez reaccionó esta semana mediante un decreto que obliga, para el futuro, a pagar ese impuesto a los bancos.