El gobierno de México presentó una herramienta virtual que permitirá medir el cumplimiento de la protección a derechos humanos en el país. El subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, explicó que la primera etapa del instrumento versa sobre los indicadores del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En un acto privado llevado a cabo en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Ruiz Cabañas explicó que la plataforma de información para el Sistema Nacional de Evaluación del cumplimiento de los Derechos Humanos (SNEDH) es una herramienta desarrollada conjuntamente por la Secretaría de Gobernación, la cancillería mexicana, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El funcionario afirmó que esta plataforma constituirá una valiosa herramienta para el análisis, diagnóstico y diseño de políticas públicas, al tiempo de facilitar y agilizar la presentación de informes internacionales de cumplimiento de tratados en la materia.

Explicó que, de conformidad con lo estipulado en el Protocolo de San Salvador, los estados parte, como México, están obligados a adoptar medidas necesarias en todos los niveles y proveer el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Asimismo obliga a los países que se han adherido, a adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos contenidos en este instrumento.

Finalmente, impone la presentación de informes periódicos respecto a las medidas progresivas adoptadas para asegurar el debido respeto de los derechos protegidos en este tratado.

Es de mencionar que, en mayo de 2016, el Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de analizar los informes nacionales, del Protocolo de San Salvador, emitió observaciones finales al Estado Mexicano mediante las que destaca avances en el marco normativo y políticas pero reconoce preocupaciones