l presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, informó ayer que hay condiciones favorables para que la semana próxima la Comisión Reguladora de Energía (CRE) reduzca las tarifas eléctricas de media y alta tensión –es decir, la electricidad destinada al comercio y a la industria–, tras el reciente acuerdo entre el sector privado y el gobierno federal para ajustar los cobros. Parte de esos convenios, agregó, es la divulgación de la manera en que se conforman las tarifas referidas, con base en los costos de generación, algunos de los cuales son fijos y controlables por las autoridades nacionales; en tanto, otros, como el precio internacional del gas natural y la paridad del peso, son variables e independientes.
Desde mediados de septiembre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la CRE, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizaron negociaciones para buscar una fórmula que permitiera disminuir los costos que implica la energía eléctrica para las medianas y pequeñas empresas, los cuales se incrementaron entre 50 y 70 por ciento en meses recientes, según lo dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE la semana pasada.
La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, en tanto, ya había advertido que las facturas de la CFE se dispararon hasta en 300 por ciento en el año reciente desde que la CRE, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la reforma energética de 2013-2014, empezó a formularlas de manera específica para cada tipo de consumo.
Que ahora se anuncie una reducción en las tarifas implica que los incrementos desmedidos no tuvieron razón de ser, y no es fácil entender por qué el organismo regulador de la energía, establecido por la reforma mencionada, ha procedido en forma tan opaca y arbitraria.
Lo cierto es que tales aumentos irracionales no sólo echaron por tierra la credibilidad de los argumentos justificatorios para la reforma energética –en la propaganda oficial se aseguraba que con ella disminuirían los precios de la electricidad y de los combustibles, pero ocurrió exactamente lo contrario– sino que causaron una afectación a la economía de las empresas. Adicionalmente, las políticas tarifarias de la CRE agudizaron en forma severa el extendido malestar social generado por las alzas en la tarifa doméstica de la electricidad: prácticamente no hay región del país exenta de movilizaciones y movimientos que exigen la eliminación de los adeudos acumulados por decenas o centenares de miles de usuarios residenciales ante cobros que resultaron impagables.
Si el descontento empresarial está en vías de solucionarse –cabe esperar que así sea–, la actual administración hereda a la próxima un grave conflicto social y financiero por las deudas incobrables que generaron o agravaron las alzas a las tarifas, que nunca han sido explicadas de manera racional y convincente.
Cabe preguntarse, por último, si no es pertinente cuestionar la utilidad de comisiones autónomas que, al margen de las necesidades de los habitantes, de los requerimientos del desarrollo económico y de la sensatez política, dictan a su arbitrio precios, tarifas, compras y condiciones del sector energético del país. Por lo que puede verse, la creación de tales instancias es uno más de los aspectos disfuncionales de la reforma energética.
