Caracas. El gobierno venezolano enfrentaba este martes el reclamo de la comunidad internacional para aclarar la muerte del concejal opositor Fernando Albán, quien según las autoridades se suicidó el lunes pasado después de ser detenido por su presunta relación en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, aunque sus copartidarios aseguran que fue asesinado.

Ravina Shamdasani, vocera de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió en Ginebra una investigación transparente para aclarar las circunstancias de esta muerte ante los informes contradictorios que ha dado la autoridades de Venezuela sobre este caso.

La Unión Europea también exigió –en un comunicado– una investigación exhaustiva e independiente para aclarar las circunstancias de la trágica muerte y que se respeten los derechos humanos de todos los que están bajo su custodia.

El concejal, de 52 años y miembro del partido Primero Justicia, fue acusado de explotar el 4 de agosto uno de los dos drones cargados explosivos cerca de donde Maduro pronunciaba un discurso para conmemorar a la Guardia Nacional Bolivariana.

Fue detenido el viernes pasado en el aeropuerto de Caracas cuando llegaba de Nueva York, reportó el fiscal Tarek William Saab. Agregó que el acusado estaba en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, donde solicitó a los custodios ir al baño y entonces saltó desde un décimo piso.

El cadáver de Albán fue llevado a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, y a una capilla ardiente en la Universidad Central de Venezuela, donde se graduó de abogado, para rendirle honores. Sus familiares, diputados de Primero Justicia y religiosos insistieron durante las ceremonias en que el concejal no se suicidó.

El Grupo de Lima también pidió una pesquisa independiente.