San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que el 16 de mayo pasado en Macuspana, Tabasco, ‘‘militares al mando de Armando García Triana dispararon arbitrariamente en contra del civil desarmado Carlos Humberto (Mendoza de los Santos), a quien posteriormente criminalizaron y estigmatizaron’’, al asegurar que era un ‘‘sicario’’.

Agregó que ‘‘fueron responsables directos de la ejecución extrajudicial 22 integrantes del 18 regimiento de caballería motorizada, perteneciente al destacamento del Ejército Mexicano ubicado en el ejido Medellín, municipio de Catazajá, Chiapas, de la 38 Zona Militar 1, con sede en Tenosique, Tabasco’’.

Señaló que Carlos Humberto, carpintero originario de Palenque, tenía 32 años y era padre de dos niñas, de 11 y cuatro años de edad. Junto con su familia, pertenecía a la organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres, formada por comunidades choles, tzeltales y mestizas que buscan defender sus territorios.

Lidia Jiménez Antonio explicó que su esposo, Carlos Humberto, salió de su casa la tarde del 16 mayo a Villahermosa, a comprar una pieza para su auto y ‘‘a las 23 horas me avisaron que habían visto su carro a la orilla de la carretera rodeado de militares’’.

En entrevista colectiva, Lidia manifestó que junto con familiares halló el vehículo ‘‘estrellado en el cerro. Preguntamos a los militares qué había pasado y dijeron que no podían decirnos nada. Uno de ellos me apuntó con un arma’’.

Dijo que en la fiscalía de Tabasco ‘‘encontré el cuerpo de mi esposo. Al salir, los militares seguían ahí y les dije que me habían dejado sin mi esposo y a dos niños esperando a su papá’’.

Demandó a la Procuraduría General de la República que castigue a los responsables del asesinato y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que repare los daños.

El Frayba informó que ‘‘el pasado 30 de julio, 16 militares que se transportaban en dos vehículos de la Sedena notificaron a Lidia en su domicilio que tenía 10 días para entregar pruebas a la jurisdicción castrense para que los militares sean sancionados administrativamente’’, y ahora la familia teme por su seguridad.